Las exigencias de la sociedad no han sido descabelladas ni, mucho menos, violentas o fuera de lugar sino consecuencia lógica de lo que la realidad demanda. Sabemos que hay un sistema perfeccionado para fomentar la corrupción y la impunidad, lo que ha llevado a hacer exigencias claras y concretas sobre la necesidad de cambiar el modelo para ponerle fin al saqueo del erario y construir un nuevo modelo de gestión pública basado en auténtica democracia, rendición de cuentas y transparencia absoluta.
No es nada descabellado lo que se está pidiendo, pero la respuesta de quienes tienen que ser los facilitadores de esos cambios ha sido no sólo errática sino que de profunda resistencia, agravada cuando se producen denuncias concretas que dejan al descubierto a muchas de sus principales figuras.
Ya hace varios días el sistema advirtió que no se dejará vencer fácilmente y en voz de uno de sus principales beneficiarios, y por ende protectores, el portavoz del magisterio, afirmó que luchará a brazo partido para evitar que la presión social pueda llevar a una suspensión de las elecciones. Luego de esta semana, que ha sido dramática para un sistema que evidentemente está en etapa de agonía, ya no se recurrió a terceros sino que el mismo partido que se siente más cerca de la Presidencia anuncia que hará una que llevará a miles de personas a marchar de la Corte Suprema de Justicia, donde se conocerán antejuicios críticos para su futuro, a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, a la que han acusado de estar desarrollando acciones políticas para afectar al partido Lider.
Lo que hasta ahora ha sido un proceso pacífico, en el que la sociedad ha expuesto razones y argumentos derivados de las pruebas irrefutables sobre la perversión de nuestro sistema político, pretende ser apuntalado con el acarreo de la gente que constituye la columna vertebral de la pistocracia, es decir, quienes al vender su voto se convierten en la razón de ser de los financistas y de los políticos que sin escrúpulos venden el alma al diablo para comprar el poder.
Eso es sumamente peligroso y puede llevar a una confrontación sin precedentes en un Estado carente de mecanismos para mantener el orden público y la paz social.
Nos están llevando a situaciones inmanejables en un Estado fallido donde las fuerzas militares y de seguridad han sido parte del deterioro institucional y la confrontación puede resultar trágica en muchos sentidos. Se está abriendo la puerta a que dirigentes resentidos puedan encender una chispa que propague el fogarón.
