Por Jorge Santos
El Informe presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, denominado “El Financiamiento de la Política en Guatemala”, nos devela de manera técnica que “el financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente: este último responde, en buena medida, a los flujos de financiamiento privado y mayoritariamente ilícito.”
Resaltan tres elementos a ser considerados por la sociedad guatemalteca. El primero es que el desarrollo del modelo político se ha dado al amparo de los intereses de poderes económicos –lícitos e ilícitos– constituyéndose en el quehacer central de los partidos políticos. El segundo elemento se consolida cuando en consecuencia a lo anterior al responder con exclusividad a los intereses de poderes económicos, los partidos se reducen a vías de acceso a una importante fuente de recursos mediante los cuales se recupera el financiamiento otorgado.
El tercer elemento, es que al amparo de este modelo político ha nacido y subsistido un entramado formado por empresas de construcción, fundaciones, oeneges, asociaciones políticas y otras formas de organización, con el único propósito de que el otorgamiento y retorno de capitales entre los partidos políticos, y poder económico funcione. A este andamiaje se le ha otorgado en bandeja de plata, una legislación laxa y/o débil que permite el efectivo funcionamiento del sistema.
Si bien, era un secreto a voces que la corrupción se constituía en una de las fuentes más importantes del financiamiento de la política, hoy el Informe nos permite conocer con detalle los “innovadores” mecanismos utilizados por los partidos políticos para desarrollarla con éxito. De esta cuenta, es que no es extraño que durante las últimas elecciones en el país, tuviéramos la posibilidad de escoger entre una veintena de opciones electorales, sin advertir que estábamos eligiendo únicamente al nuevo instrumento de saqueo y otorgando las posibilidades de que se hicieran negocios al amparo del Estado, limitando así nuestras posibilidades de desarrollo económico y social.
Este Informe al identificar los vacíos, los vicios y los incentivos para la corrupción y la impunidad del Sistema Político, se constituye también en un instrumento de nuestra lucha social y popular por depurarlo y transformarlo. También respalda la demanda por las reformas a la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin las cuales el sistema se autorregulará de tal forma que la corrupción sólo adoptará otras formas, pero no se erradicará. De tal cuenta, que aunque con los sacrificios que signifique, el Movimiento Ciudadano, Social y Popular debe encaminarse hacia la demanda de la suspensión del proceso electoral en tanto no existe en las condiciones actuales la posibilidad de transformar nuestra realidad.
