María José Cabrera Cifuentes
mjcabreracifuentes@gmail.com
Las opiniones vertidas alrededor de la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos han sido diversas debido a la interpretación que cada uno ha hecho sobre ellas. La mayoría desconocemos el texto íntegro, sin embargo, los medios de comunicación han hecho un buen intento de aproximarnos a algunos de sus planteamientos sustanciales.
A tan solo dos meses de las elecciones pretender que una reforma a la LEPP se lleve a cabo resulta una locura, más aún si se busca que estas cobren vigencia para el proceso que ya ha iniciado. Ruego en este punto no malinterpretarme, no quiero con esto decir que las reformas no sean necesarias o que su diseño y aprobación deba seguirse aplazando. Lo que cuestiono es el procedimiento que podría hacer que se conviertan en un simple mecanismo para callar a la población pero cuyos efectos estarían lejos de contarse entre los ideales.
Apresurarse a garabatear una propuesta que debió haberse empezado a pensar desde hace ya varios años no predice un resultado exitoso, por el contrario, la condena a convertirse en una suerte de pacificador con el que se mantendrán tranquilos por un tiempo a quienes han alzado la voz para que se lleven a cabo. Esos mismos, serán sin lugar a duda quienes en un futuro, que no avizoro lejano, exijan nuevas reformas por no ser idóneas las presentadas en este momento.
Además de considerar que la forma en que se está pensando implementar las reformas no es la adecuada, es conveniente ahora esbozar un somero análisis de algunos de los planteamientos propuestos.
Hacer vinculante el voto nulo no es necesariamente tan sencillo como pudiera parecer. El mismo Tribunal Supremo Electoral tendría que idear un complejo plan contemplando una serie de posibilidades, por ejemplo cómo se llevaría a cabo una segunda vuelta entre un candidato X teniendo como contrincante a los votos nulos. O ¿por qué no pensarlo? Qué pasaría con la administración de turno si el voto nulo resultara vencedor y se tuviera que convocar a un nuevo proceso electoral. ¿Permanecería en el poder? ¿Habría que elegir un gobierno de transición? ¿Qué procedimientos se llevarían a cabo? Por mencionar solo algunos probables casos.
Por otro lado, y como mujer no partidaria de la “discriminación positiva”, la integración paritaria de los partidos políticos así como la posible imposición de una cuota de poder bajo criterios de género o etnia me resulta ofensivo, ¡como si la única posibilidad para alcanzar el poder es dándonos condiciones privilegiadas! Todos tenemos el derecho a participar en la medida en que nos interese hacerlo, por otro lado, la estancia de un(a) par en el Congreso de la República no garantiza bajo ninguna circunstancia la representatividad.
Hacer transparente el financiamiento es la verdadera urgencia, asegurarnos de que los candidatos cuenten con el mínimo de deudas políticas por pagar al llegar al poder, constatar de dónde provienen los fondos de las campañas y limitar los montos gastados en estas.
No puedo dejar de mencionar que el tema relegado en la propuesta fue la limitación al transfuguismo, práctica muy utilizada en Guatemala de la que hasta no ser despojados, la posibilidad de la institucionalización de los Partidos Políticos no dejará de ser una quimera.
Tengamos cuidado de que no quieran darnos atol con el dedo y nosotros beber ávidos del brebaje en apariencia delicioso. La Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es necesaria, quizá su discusión sea impostergable, al igual que la de muchas otras leyes que podrían convertirse en luces en la búsqueda de la salida del túnel en el que se ha perdido nuestro país. Sin embargo, y dada la seriedad e importancia del tema, toda propuesta de reforma ha de analizarse con el suficiente detenimiento y raciocinio. Seamos conscientes como ciudadanos, recordemos que no todo lo que brilla es oro.
