Francisco Cáceres Barrios
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Disculpen mi terquedad o mi torpeza pero sigo sin entender que el término “democracia” lo sigamos usando tan prolíficamente, cuando en Guatemala no llegamos a tener ni siquiera un remedo de ella. Para que funcione la democracia el imperio de la ley es indispensable. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, por ejemplo, lo que menos brinda es seguridad y certeza al ciudadano para que su derecho al voto sea correcta y debidamente respetado. ¿No es cierto que la Contraloría General de Cuentas sigue extendiendo al por mayor finiquitos, para quienes desean inscribir su candidatura para ocupar un cargo público y los mismos no acreditan ni garantizan probidad ni transparencia?
Seguir haciendo lo anterior, es los mismo a extender primeras licencias para conducir vehículos automotores pero, quienes la poseen no saben ni dónde está el pedal del freno para detener su movimiento. Por ello no logro comprender que en pleno siglo veintiuno los chapines sigamos teniendo la pretensión de llamarnos civilizados y, si analizamos a fondo nuestra costosísima administración pública, continúa extendiendo licencias, documentos o certificaciones que a la postre, no son más que papeles o pedazos de cartón o plástico sin ningún valor ni validez.
No exagero, el amable lector puede comprobar lo aseverado. La Contraloría General de Cuentas entregó 10 mil 960 constancias o finiquitos, entre el 29 de abril y el 17 de junio de 2015, a personas aspirantes a ocupar un cargo público por elección popular para ser inscritas y participar en los próximos comicios electorales. Pero, ¿todos certifican la verdad y nada más que la verdad?
Si usted va y le pregunta al Contralor o a algún miembro del Tribunal Supremo Electoral, seguramente le van a contestar que la Contraloría se ha visto obligada a que por resolución de un tribunal, que no tiene ni un pito que tocar en el proceso electoral le ordenó extenderlo o por la diferencia de opiniones adentro del mismo Tribunal ya han inscrito como candidato, a políticos que a su paso por cargos públicos ha dejado una larga estela de actos corruptivos.
De ahí la imposibilidad que las próximas elecciones puedan ser legítimas, como la enorme necesidad de hacer cambios radicales en el sistema electoral guatemalteco. No se puede hablar de democracia o representatividad mientras sigamos viviendo en un marco o sistema político que no inspira confianza a nadie, así como tampoco nuestra convivencia social pueda ser en paz, mientras el conductor de un vehículo tenga licencia, pero no sabe ni jota de cómo hacerlo con seguridad y por lo tanto sea un peligro para la población entera. ¡No podemos seguir viviendo en el caos actual!
