Factor Méndez Doninelli
La indignación nacional provocada por la creciente corrupción e impunidad que reinan en Guatemala, gestó las condiciones para que floreciera la primavera del pueblo iniciada el 25 de abril. Un nuevo sujeto social constitucional irrumpió en las calles y plazas del país ejerciendo legítimos derechos de ciudadanía, exigiendo respeto a derechos humanos individuales, civiles y políticos. El hartazgo social por la corrupción de los Gobernantes y la impunidad que los protege, ha sido capaz de exclamar a una sola voz ¡BASTA YA!
Son las nuevas generaciones, representadas por la juventud universitaria, quienes están empujando el carro de la historia, unas veces pisando a fondo el acelerador, otras avanzando con cautela para no abandonar el propósito del despertar ciudadano que por ahora, se focaliza en la depuración de la administración pública, que desde hace muchos años está copada por la corrupción y blindada por la impunidad.
Los primeros pasos de la primavera del pueblo fueron la movilización ciudadana, popular, urbana y rural, exigiendo la renuncia de Gobernantes corruptos. Hasta hoy los resultados son positivos aunque insuficientes, se logró la salida de la Vicepresidenta de la República, la destitución de Ministros de Estado, el inicio de investigaciones y procesos judiciales contra varios funcionarios y exfuncionarios de la SAT y del seguro social.
Las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG y el Ministerio Público MP, destaparon otras cloacas pestilentes. Se descubrieron redes mafiosas en el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Congreso Nacional. En todas, el denominador común es la sustracción ilegal de millones de quetzales, mediante procedimientos espurios e ilegales, abusando de la autoridad y poder que gozan estos mafiosos.
Los escándalos de corrupción siguen a la orden del día, varios corruptos están perseguidos, ligados a proceso y encarcelados, otros siguen evadiendo la justicia, gozando de libertad que les garantiza impunidad. Confío que llegará el día en que sean puestos a disposición de la Justicia, reciban el merecido castigo y paguen por sus perversos crímenes.
Insisto, los resultados obtenidos no son suficientes, el Gobernante Pérez debe renunciar por la responsabilidad que tiene al nombrar y seleccionar funcionarios corruptos y políticos mafiosos, nombrados para dirigir instituciones de Gobierno, para facilitar el saqueo de los fondos públicos y los recursos naturales de la Nación.
La ciudadanía y los nuevos sujetos sociales, debemos continuar luchando para depurar al Estado y Gobierno, sin desaprovechar el momento coyuntural, hay que empujar reformas legales hasta lograr transformaciones profundas del Estado y crear condiciones que conduzcan a instalar una Asamblea Nacional Constituyente, para aprobar un nuevo contrato social, que elimine para siempre los rasgos patriarcales, racistas, discriminatorios e injustos del actual sistema dominado por élites oligarcas y neoliberales.
La Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, ha trabajado con responsabilidad un primer paquete de propuestas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP, misma que fue entregada a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de unificar criterios y presentar la iniciativa a los diputados del Congreso Nacional, quienes deben decidir sobre las reformas que está exigiendo la ciudadanía.
Las próximas acciones sociales tendrán que dirigirse a presionar diputados, cuyo poder también es objeto de ser depurado. Por eso, como muestra de repudio y fuerza ciudadana, sigamos ganando la calle y ocupando las plazas.
