Bien se puede decir que los diputados apelan a la constitucionalidad para lo que les conviene, pero se pasan por el arco del triunfo el cumplimiento de la Constitución cuando les da la gana. Esta semana se presentó una acción de amparo contra el Congreso de la República, promovida por varios ciudadanos que actúan bajo la dirección jurídica de los licenciados Flaminio Bonilla y Roberto Villeda Arguedas, señalando que en los últimos doce años, es decir durante tres legislaturas consecutivas, se ha incumplido la atribución que la Carta Magna en su artículo 171 asigna al Congreso para “aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior.”
La Constitución no dice que los diputados podrán, cuando se les ronque la gana, aprobar o improbar el detalle de TODOS los ingresos y egresos. Dice que “corresponde” al Congreso, lo que deriva en una obligación ineludible porque es justamente el papel de fiscalización del erario que se le asigna al poder Legislativo como expresión de la representación popular. Cierto debe ser que la Contraloría no elabora tales informes de acuerdo al espíritu de la Ley Fundamental porque ya sabemos que esa entidad no sirve más que como tapadera de la corrupción, pero en todo caso los diputados debieron improbar los informes del Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior.
Qué bonito suena que los diputados hablen del respeto al orden constitucional y que tengan cajas de resonancia en la Organización de Estados Americanos y en la misma Unión Europea que tanto se preocupan por cualquier alteración al respeto a nuestra Carta Magna. Pero resulta que los diputados han ignorado una obligación constitucional y por lo menos debieran ser procesados por el delito de violación a la Constitución de la República porque no se puede tolerar que haya ese tipo de desprecio a sus normas.
Eso sí, quienes han incumplido su deber constitucional ahora se presentan a la reelección como si tal cosa, listos a seguir desobedeciendo lo establecido legalmente, sobre todo si tiene que ver con contarle las costillas a quienes manejan los fondos públicos.
Y esa fiscalización es más importante en la medida en que el mismo Congreso hace micos y pericos con el proyecto de presupuesto y la Comisión de Finanzas se convierte en la que dispone el destino de los fondos. Allí se asignan fondos a muchas ONG que nunca rinden cuentas sobre lo que hicieron con el dinero público. Por ello, ese amparo debe dar lugar a la acción penal.
