Francisco Cáceres Barrios
fracaceres@lahora.com.gt
Sabíamos que no iba a ser fácil cambiar las estructuras que nuestros tradicionales políticos han ido montando para hacer de la democracia un remedo y así sigan siendo favorecidos. Esa misma impresión me dio al leer la publicación del Proyecto de Resolución en apoyo al proceso electoral en Guatemala (presentado por la delegación de Argentina) ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). De ahí que dé gracias a Dios de estar advertidos, pues existen tantos y tan diversos intereses, que resulta muy difícil hacer entender a la comunidad internacional que nuestro sistema lo que menos tiene es ser democrático, reconciliador o que provoque consolidar la paz entre nosotros.
Por ello me sonrío cuando estos organismos internacionales dicen rechazar cualquier amenaza a nuestra Constitución, como cuando reiteran su respeto a los derechos humanos y el compromiso del gobierno guatemalteco por el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente. Digo simpáticos por no decir otra cosa, pero me obligan a preguntar: ¿cuántas veces estas entidades se han tomado la molestia de preocuparse realmente por la salud y bienestar de los guatemaltecos o porque la impunidad deje de ser el denominador común en la vida económica, política y social del país? No, lamentablemente, aparentan tener interés en que exhibamos una democracia que permita elegir libremente a nuestras autoridades, pero no saben ni pizca sobre que nuestra realidad es completamente distinta.
Desde que se instauró el actual gobierno, lo que menos ha hecho es consolidar la democracia o luchar frontalmente contra la impunidad, por lo que cuando hemos hecho formales señalamientos con el propósito de que cumpla con sus deberes y respete la ley, nunca hemos buscado su destrucción, mucho menos su derrocamiento, sino todo lo contrario, fortalecer la democracia en nuestro país y la búsqueda del bien común. Nuestra exigencia por acabar con la corrupción imperante, así como el castigo ejemplar para quienes hayan sido sus ejecutores va en el mismo camino, consolidar las instituciones y jamás eliminarlas.
Si bien es cierto que en Guatemala estamos en capacidad de expresar nuestras quejas y lamentos sobre la corrupción imperante, como sobre el abuso de poder constante de nuestros políticos y su impunidad total, también es verdad que de nada ha servido y si no hubiera sido por la acción desplegada por la actual delegación de la CICIG, que logró al menos poner en primer plano la urgencia por procesar a los responsables, como deducirles responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados a la población, hoy estaríamos peor que antes, sin una sola esperanza de cambiar la mascarada democrática en la que hemos vivido a través de tantos años.
