Félix Loarca Guzmán
Conforme se aproxima la fecha de las elecciones generales en Guatemala, crece el rechazo de la población a los partidos y a la clase política, que literalmente se han adueñado de las principales instituciones del Estado, propiciando un saqueo sin precedentes de los recursos públicos.
Atendiendo el clamor popular en contra de la corrupción, que se ha hecho sentir en las multitudinarias manifestaciones realizadas durante las últimas ocho semanas en la capital y los departamentos, el Foro Guatemala, integrado por 17 organizaciones de la sociedad civil, solicitó al Tribunal Supremo Electoral, (TSE), que no inscriba a candidatos a cargos de elección popular señalados en actos al margen de la ley.
La petición se basa en el artículo 113 de la Constitución de Guatemala, que literalmente dice: “Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.
Para ninguno es un secreto, que durante el actual gobierno, muchos de los empleados, funcionarios, e incluso diputados, no han sido garantía de idoneidad y honradez. Llegaron a desempeñar cargos públicos como “premio” por su apoyo al partido oficial de turno.
La solicitud del Foro Guatemala tiene el respaldo de más de dos mil firmas de guatemaltecos, que en las últimas semanas han participado con mucho fervor cívico en las protestas contra la corrupción.
Es oportuno recordar, que el pueblo de Guatemala está indignado, y que al no identificar candidatos idóneos para las próximas elecciones, seguramente se inclinará hacia el voto nulo o el voto en blanco.
Resulta reconfortante saber que el Presidente del TSE, Doctor Rudy Pineda, sustenta el criterio que tanto el voto nulo como el voto en blanco son una expresión democrática.
Durante una reciente reunión informativa de los Magistrados del Tribunal, con columnistas de varios medios de comunicación de circulación nacional, quedó clara la intención de incorporar en el proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una regulación para que el voto nulo y el voto en blanco tengan un carácter vinculante, con suficiente fuerza jurídica para invalidar una elección.
