El Congreso deberá nombrar hoy una comisión pesquisidora para determinar si en el antejuicio planteado contra el presidente Otto Pérez Molina y tramitado por la Corte Suprema de Justicia existen elementos suficientes para iniciar una causa penal en su contra por los delitos de los que fue sindicado. Algunos diputados han dicho que la Corte Suprema de Justicia, que históricamente se negó a tramitar antejuicios contra los gobernantes en el país, al decidir enviar el expediente al Congreso envía el mensaje de que a juicio de los magistrados sí amerita la investigación y la misma ahora corresponderá a una Comisión de diputados integrada por sorteo.
El informe de la comisión no determina culpabilidad o inocencia del sindicado, sino simplemente que ha lugar a la formación de la causa penal para que sea investigado conforme a los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento legal. Es importante entender estos aspectos eminentemente procesales para que como ciudadanos podamos asumir con claridad las etapas que implica el trámite de un antejuicio y el eventual proceso ante los tribunales para determinar que los delitos por los que fue acusado el mandatario son ciertos. No podrá, en todo caso, ser juzgado por otros delitos diferentes a los consignados en la solicitud de antejuicio porque la inmunidad se retira exclusivamente para los delitos tipificados en la solicitud.
En otras palabras, seguimos avanzando en un largo proceso cuyo fin tiene que ser el de modificar radicalmente las reglas del juego político y la institucionalidad del país para rescatarla de la cooptación que de ella hicieron los poderes fácticos que crearon un modelo de corrupción generalizado para aprovechar los recursos públicos.
El antejuicio contra el Presidente y aún su eventual renuncia o separación del cargo no constituyen en realidad el fin del problema porque insistimos en el carácter institucional y estructural de la corrupción que, apañada por la impunidad también ha sido gestionada por esos poderes ocultos que ahora empiezan a perfilarse con alguna claridad.
Lo que no se puede perder es el sentido de ciudadanía que se empezó a manifestar precisamente cuando se hizo público el caso de la defraudación aduanera como paradigma de la forma en que se realiza la gestión pública en Guatemala. Los ciudadanos tenemos que permanecer enfocados en que el objetivo final no se cumple únicamente con cambios en la cúpula de gobierno, sino en la modificación del sistema mediante reglas de juego totalmente distintas, producto de un pacto social que privilegia el verdadero Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y los instrumentos de control y fiscalización.
