Juan Francisco Reyes López
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Procede señalar que el comentarista Pedro Trujillo, en una de sus entrevistas, donde se encontraba presente la magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, Ana Elly López Oliva, le planteó que debían hacerse “algunas preguntitas” durante la elección; por ejemplo, si los electores estaban o no de acuerdo con “x” o “y” criterios electorales y constitucionales. Lamentablemente, la magistrada no fue categórica en aclararle que los antojitos; es decir, “las preguntitas” que él ha hecho son absolutamente ilegales e improcedentes, porque cualquier tema que se pregunte a los electores sería una consulta y la Constitución y la Ley Electoral tienen establecidos los procedimientos de convocatoria y consulta popular.
El Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad tienen que comprender que públicamente un elevado número de ciudadanos y de guatemaltecos han señalado que no pueden continuarse con las normas que rigen la elección de diputados, de alcaldes y corporaciones municipales, que la ciudadanía requiere se modifique y mejoren los procedimientos, que los diputados ya no se elijan por listado, sino que sea permitiendo votar por candidatos específicos; permitiendo que si un ciudadano tiene a bien pueda votar por cualquiera de los diputados de un listado de forma individual y concreta, rompiendo así el concepto que se vota de forma obligada por el candidato que encabeza un listado y así sucesivamente.
También debe ampliarse la posibilidad que los comités cívicos puedan proponer candidatos al Congreso, a concejal, independientemente de una planilla de partido.
Otro aspecto que ha sido planteado por la ciudadanía que ha participado en las marchas cívicas es el financiamiento de los partidos políticos. Los expertos reconocen que debe haber una información pública exacta de quiénes financian a los partidos y a los candidatos, de forma directa y concreta, prohibiendo y sancionando económica y penalmente los subterfugios. De la misma manera se discute si el financiamiento debería ser exclusivamente a través de los impuestos y bajo responsabilidad y regulación, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Contraloría General de Cuentas.
En todo caso, el financiamiento al sistema político no debe ser exclusivamente para las campañas, debería dividirse para que permanentemente se dieran cursos de instrucción cívica y de derechos políticos para que las asambleas municipales, distritales y nacionales no fueran manipuladas económicamente, logrando así un mejor nivel de democracia interna en los partidos.
Cada vez más la ciudadanía comprende y señala que la democracia en Guatemala ha sido desvirtuada por financistas de partidos y campañas electorales como fue la elección de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, donde las familias Gutiérrez y Bosch aportaron millones que por supuesto cobraron y recobraron a través de la canasta básica y de otros privilegios y exoneraciones.
Hay otros varios aspectos que deben modificarse por el bien de la democracia en Guatemala, sin embargo, no acelerar una reforma por tratar de hacerlo todo a la vez sería un error que perjudica la democracia y favorece la partidocracia y la integración de las autoridades que se eligen.
¡Guatemala es primero!
