María José Cabrera Cifuentes
mjcabreracifuentes@gmail.com
La coyuntura en Guatemala, ha sido en el último mes convulsa y arrolladora, cualquier noticia que no tenga que ver con escándalos políticos queda relegada y le dejamos de prestar atención a algunas otras cuya relevancia es de igual forma notable.
En esta ocasión, quisiera hacer referencia a la suscripción de un protocolo al Acuerdo Especial que pretende resolver definitivamente el diferendo territorial entre Guatemala y Belice.
La historia de las diferencias territoriales entre ambas naciones tiene su génesis en la colonia, cuando la Corona Española concedió permiso a Gran Bretaña de talar y utilizar el palo de tinte dentro de lo que era su jurisdicción en ese momento. Poco a poco los ingleses se fueron adueñando del territorio hasta que en 1859 con el objetivo de evitar la ampliación del territorio ocupado por los británicos se suscribe entre Guatemala (ya como país independiente) y la Corona Británica el Tratado Aycinena-Wyke en el que se estipulaban los límites geográficos de ambos territorios a cambio del establecimiento de medidas adecuadas de comunicación entre ambas. Esto último quedó incumplido.
Tras un largo recorrido de pugnas y reclamos sin frutos en 2008 se firma el Acuerdo Especial entre ambos gobiernos con el objetivo de dar una respuesta absoluta al diferendo. Sin embargo, la naturaleza del Acuerdo parecía condenarlo al fracaso. El planteamiento del mismo era definir el contenido para realizar una consulta popular simultánea que determinara si sería conveniente elevar la materia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que esta dictase una resolución definitiva.
El recientemente firmado protocolo no representa un acercamiento a obtener la respuesta para la solución permanente al diferendo territorial entre ambas naciones. En primer lugar, la Ley de Referéndum vigente de Belice, obliga a la asistencia a las urnas del 60% de los empadronados para que el resultado de una consulta popular sea considerado válido, cifra que será difícilmente (siendo optimistas) alcanzada. Por otra parte, considero altamente improbable que los beliceños admitan dejar en manos de la CIJ la decisión de la conservación o no de cerca de la mitad de su territorio.
Guatemala debiese estar explorando otros casos de diferendos territoriales y otras posibilidades de resolución. Por ejemplo, la utilización del Pacto de Bogotá para la presentación unilateral del caso en la CIJ, mecanismo utilizado entre otros por Nicaragua para la solución del diferendo de delimitación marítima con Colombia, en el que el primero resultó hasta cierto punto favorecido.
Las condiciones actuales para dar solución al Reclamo Territorial, Insular y Marítimo a Belice se alejan de ser las ideales, hay mucho más por perder que por ganar. Además de lo anterior el tema no es una de las prioridades políticas del momento, teniendo que resolver el país muchos temas urgentes que han dado lugar a la crisis que actualmente experimentamos.
La firma del protocolo no es pues más que una pantomima, una que además fue casi invisible y sobre la que pocos (si no es que nadie) se pronunciaron. El tema de Belice es complejo y debe ser analizado con consciencia. El tiempo en el que se suscribe, es absolutamente inadecuado por lo que los ciudadanos no debemos hacernos de la vista gorda sino exigir al Ministerio de Relaciones Exteriores que vuelva la vista hacia las verdaderas prioridades de política exterior actuales.
