Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Era mediados de septiembre del año pasado y Guatemala despertaba con una noticia de impacto porque, gracias a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público (MP), caía la red de Byron Lima que incluía a las autoridades del Sistema Penitenciario. El poder de Lima era tal, que él era el encargado de los traslados, de nombrar directores, de financiar campañas, entre otras cosas que le generaban millones.
Dicho golpe fue solo una forma en la que se evidenció de manera categórica e inequívoca de cómo funcionaba el sistema. Escuchas telefónicas, seguimientos a personas y el seguimiento a la ruta de los dineros permitió a los guatemaltecos dimensionar cómo era que funcionada algo que era de conocimiento público.
En ese entonces, como ahora, López Bonilla y el Presidente dijeron que ellos habían encomendado todo y para «curarse» en salud llevaron a cabo un proceso de gran escrutinio público para elegir al nuevo Director del Sistema Penitenciario (SP).
Más de ocho meses han pasado desde aquel septiembre, seis meses desde que se había nombrado a Anthony Pivaral como director del SP y la semana pasada se le destituyó porque volvimos a saber que las cárceles siguen siendo VIP, los beneficios en los cuarteles militares son de cinco estrellas (con señal de celular incluida), siguen operando las mafias y hasta mejor que antes, porque ahora se fugan con mayor tranquilidad.
Es importante recalcar que ni la CICIG y el MP pueden cambiar el fondo del sistema de presidios, si no que esa era una tarea del Congreso de la República y del Ejecutivo que nunca hicieron el más mínimo esfuerzo por cambiar las reglas del sistema. CICIG y MP evidenciaron la podredumbre, pero como seguimos con las mismas reglas, nada cambió y al contrario, todo se fue «perfeccionando». Seguimos con el tema que llegue quien llegue, el SP será siempre la misma porquería.
Eso me lleva al caso actual. Tras las develaciones en el Caso de «La Línea», la forma en que «compran» a los jueces esos usuarios del sistema paralelo de justicia, el «Caso IGSS» y lo que pueda ser en unos días el informe de la CICIG acerca del financiamiento de partidos políticos, que solo son la punta de un gran iceberg porque TODO funciona igual, me pregunto si como país no nos pasará lo mismo que con presidios.
Y me temo que si no asumimos la ruta larga, la más difícil y hasta dolorosa de reformar TODO EL SISTEMA para que eventualmente tengamos elecciones y nuevas autoridades bajo un nuevo modelo, todo lo que ocurra será como en el Caso de Presidios, es decir, llegue quien llegue será un Anthony Pivaral.
Si seguimos actuando bajo este modelo, estaremos más conscientes, más alerta, pero al final del día dependeremos de dos cosas: que quienes hagan los negocios no sean tan sofisticados como en tiempos de Berger y Arzú (tanto en gobierno como en Tu MUNI) o que las autoridades tengan la capacidad de llegar a desenmarañar las grandes y costosas estructuras de corrupción.
Ahí es donde entra usted, estimado lector; ¿qué desea? Porque de usted depende si seguiremos como en presidios, nombrando gente que al final del día es parte del sistema y si no se lo termina tragando el mismo como simples títeres, o si mandamos por un tubo las reglas actuales, cambiamos las cosas y entonces, nos damos a la tarea de diseñar un nuevo sistema que nos ofrezca una institucionalidad de verdad, no una institucionalidad de mentiras y secuestrada como la que ahora defienden.
¿Quién con una luz se pierde? El caso de Presidios será el futuro de todo este despertar si no damos un giro abrupto al timón diciendo «NO MÁS» a las reglas actuales y dando paso para que, tras escuchar el clamor popular, podamos gestionar el nuevo sistema con el afán que Guatemala sea un país más justo, más incluyente, generador de oportunidades para todos y no solo para un puñado de picaros que han lucrado con nuestra indiferencia pasada.
