Víctor Hugo Godoy
El pasado 5 de abril escribí sobre por qué la campaña electoral se realizaba en época de lluvias y las elecciones se celebraban en noviembre y diciembre. Fue en octubre de 2006 que el Congreso adelantó la fecha para septiembre y octubre y en 2007 y 2011 así se realizaron. Sin embargo, ahora la ciudadanía está exigiendo que se cambien las reglas del juego porque no les gusta la oferta electoral. El Congreso de la República bajo presión de varios años de las organizaciones sociales, finalmente aprobó algunas reformas que permitían el voto en el exterior y cuotas para mujeres, indígenas y jóvenes y las envió a la consulta respectiva a la Corte Constitucional, la que las regresó con dictamen positivo el 14 de julio de 2014.
Los diputados decidieron engavetarlas y seguir usurpando el poder soberano a su sabor y antojo, hasta que el pasado 16 de abril se destapó la estructura de corrupción en aduanas y disparó el detonante de indignación de un pueblo generalmente indiferente, producto de años de terror y un sistema político rígido dominado por la oligarquía, los militares y los políticos corruptos. En la tesis sostenida por el doctor Jorge Mario Rodríguez el “poder originario está activado” y este tiene varias fases, intensidades y momentos. Anterior al poder constituyente hay un poder destituyente y es el que está exigiendo el pueblo, lo que implica operar en la Ley Electoral y de Partidos Políticos ya, para cambiar las reglas del juego electoral que por dolor no lo quiso hacer el Congreso en su momento.
¿Se puede? Se preguntarán algunos. Claro que se puede. El bien tutelado de no cambiar las reglas de juego en medio de un proceso electoral por certeza jurídica, no se vulnera si se hace la reforma para que entre en vigencia ya, reformando de nuevo el artículo 196 de la convocatoria, como ya se hizo en 2006, sólo que ahora para regresar a noviembre y diciembre estableciendo que la convocatoria será el 10 de julio para elecciones el 8 de noviembre y segunda vuelta el 27 de diciembre. Se puede si el Congreso y los partidos entienden el momento político delicado que vive el país y se llega a un acuerdo con el TSE y la CC. Este sería un nuevo proceso electoral con reglas nuevas para todos. Por supuesto que habrá que presionar por otras reformas que eliminen la reelección, eliminen el financiamiento privado y que los comités cívicos puedan postular diputados.
En la crisis de 1993 quien debía sustituir a Jorge Serrano era el vicepresidente, pero los poderes fácticos encontraron otra salida legal y con la bendición de la CC culminó el período, su favorito Ramiro de León Carpio. Con la reprogramación, el próximo 14 de enero habría una nueva presidencia y un nuevo Congreso, electo con nuevas reglas de juego que legitimen de nuevo la democracia. Sería el inicio de la construcción de un nuevo poder constituyente.
