Víctor Hugo Godoy
En el artículo que escribí sobre los niños emigrantes el 14 de julio decía que se trataba de una situación de injusticia social contraria a lo que previmos en la Constitución: estableciendo “es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr el uso de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional.” En él hacía ver que esos recursos naturales, en este caso la tierra, no estaban siendo utilizados para incrementar la riqueza que trate de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso.
De 2003 a 2013 se había incrementado sensiblemente la superficie cultivada de nuevos y tradicionales productos agrícolas, pero los puestos de trabajo se mantenían sin crecimiento y muchos trabajadores habían tenido que emigrar. Aparte de los daños ecológicos que provoca la quema de la caña de azúcar antes del corte, no nos hemos preguntado ¿Cuántos jornales de trabajo se economizan los azucareros con ese tipo de práctica, en aras del aumento de la tasa de ganancia? Es evidente que la ausencia de intervención del Estado en orientar la economía en relación con los grandes intereses, que por supuesto no es nada nuevo; ha provocado que la mayoría de la población considere que la institucionalidad estatal sólo se está al servicio de la llamada “oligarquía”.
Y menciono esto, porque fue discutido en la Comisión del Proyecto de Constitución en sesión de 29 de noviembre de 1984 cuando tratábamos el tema de la propiedad privada, previendo la ilegitimidad en que caería el Estado sino se ocupaba de atender el otro tipo de propiedad en el área rural. Fue así que se propuso un artículo específico: “Las tierras de las cooperativas, empresas agrícolas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda, gozarán de protección especial del Estado a fin de asegurar a todos los guatemaltecos una mejor calidad de vida”. Diputados Ponentes: Carlos González Quezada, PNR; Antonio Arenales Forno, UCN; Rafael Arriaga Martínez, PR; y Alfonso Cabrera, DC.
A esta propuesta se sumaron inmediatamente: Danilo Parrinello, CAN; Miguel Ángel Ponciano, MLN; y Luis Alfonso López, PUA, aprobándose por unanimidad, correspondiéndole el número 40 del articulado, después del artículo referido a la propiedad privada. Sin embargo, ya en la discusión posterior en la Asamblea dicho artículo se trasladó a la sección de Comunidades Indígenas, (artículos 67 y 68), quedando fuera del bloque referido a la propiedad y restándole la necesaria integralidad.
La actual propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral no es más que el desarrollo de esos artículos constitucionales que el Estado ha postergado con las consiguientes consecuencias de emigración al exterior, desintegración familiar, desnutrición infantil, pobreza, violencia e ingobernabilidad y polarización social que provoca la concentración de riqueza en pocas manos. Los diputados actuales deberían leer los diarios de estas sesiones para orientarse.
