Eduardo Villatoro
Probablemente en más de alguna oportunidad usted ha quedado atrapado en medio de una masiva marcha o plantón de campesinos, indígenas, trabajadores rasos de alguna de las instituciones del Estado o cualquier grupo que protesta porque, de acuerdo con declaraciones de sus dirigentes o sencillamente a causa de que es una evidente realidad que no se puede ocultar, sus legítimas demandas, reclamos, solicitudes o exigencias no han sido atendidas por autoridades superiores y ni siquiera se les ha escuchado, o, lo que es peor, pocos años atrás o en meses recientes les prometieron que los planteamientos que presentaron serían resueltos de inmediato, previo análisis e integración de una inevitable comisión bipartita que nunca se integró.
En los casos de las manifestaciones populares en el centro histórico de la ciudad capital o en otros puntos estratégicos de acceso a la urbe, es comprensible que tanto los que se dirigen a sus establecimientos laborales o educativos que se movilizan en unidades del transporte colectivo, se encolericen y hasta lleguen a maldecir con palabras disonantes a los que les impiden llegar a tiempo a sus actividades.
Si son campesinos, indígenas o comunitarios los que ocupan tramos de carreteras, son los pasajeros de los autobuses y los automovilistas los que lanzan improperios en contra de hombres, mujeres y hasta niños que inmovilizan el tránsito vehicular, provocando una serie de inconvenientes a los viajeros, fuera de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional Civil.
Razonablemente, dirigentes del CACIF reaccionan airados y exigen al Gobierno que intervenga para evitar que se viole el socorrido derecho de la libre locomoción, o acuden a instancias judiciales para presentar denuncias, tal como sucedió esta semana cuando la Corte de Constitucionalidad presurosamente amparó a los personeros de la cúpula empresarial, a causa de los hechos ocurridos en distintas áreas de la red vial y protagonizados por numerosos grupos de la clase popular.
Ninguna persona cuerda negaría la facultad que les asiste a líderes patronales de oponerse al cierre del paso vehicular en las carreteras, por los efectos que causa a los propietarios o socios de empresas y a la economía nacional; pero no ocurrirían esos acontecimientos que suelen tornarse violentos, si tan solo el Presidente, con su voluptuosa y fiel compañera Vicepresidenta, sus ministros y demás cercanos colaboradores; irreprochables e impecables diputados del Honorable; magistrados y jueces del Organismo Judicial; enriquecidos alcaldes, y cuanto funcionario de segunda y tercera línea de las instituciones estatales existentes cumplieran con normas claramente establecidas en la Constitución Política, respecto a garantizar el bienestar común y desempeñaran escrupulosamente con sus funciones en su carácter de servidores públicos, porque entonces todos los guatemaltecos, incluyendo –por supuesto– a los “haraganes indígenas”, como los califica el fascista Banús, no tendrían motivos para protestar y exigir, mediante manifestaciones y plantones, sus legítimos derechos.
(El incorregible maya-quiché Romualdo Tishudo me dice: Parece que vivís en otro país o en lejana galaxia, iluso columnista).
