Javier Monterroso
El sistema de justicia en Guatemala siempre ha sido deficiente, desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz no era un mecanismo efectivo para el control de los abusos de poder, obviamente las circunstancias jurídicas y políticas en su momento hacían virtualmente imposible que el sistema funcionara, esto a pesar de que la Constitución consagra el principio de independencia judicial, que como muchos otros postulados constitucionales es derecho “vigente” porque está aprobado pero no es “positivo” debido a que no se cumple realmente.
A partir de la firma de los Acuerdos de Paz y con el apoyo de la comunidad internacional el sistema de justicia comienza su transformación, con reformas legales, muchísimo apoyo financiero y presión de las organizaciones de la sociedad civil, se aprueban el Código Procesal Penal, la Ley de Carrera Judicial, se crea el Instituto de la Defensa Pública Penal y las Asociaciones de Jueces, posteriormente ya en los primeros años del siglo XXI, se aprueban más leyes: la Ley contra el Femicidio, Contra el Crimen Organizado, la ley del Régimen Penitenciario, se crea en Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Ley de Comisiones de Postulación y finalmente la Policía de Investigación Criminal, entre otras.
A pesar de todos estos avances el sistema de justicia está a punto de colapsar, esto debido a los políticos y a quienes dirigen las instituciones, en efecto, hoy se tiene la peor crisis de la historia en materia de elección de magistrados: la propia Corte de Constitucionalidad decide violar el artículo 208 constitucional que establece claramente que los magistrados y jueces durarán en sus funciones cinco años, cuando la misma corte pudo corregir el proceso de elección antes de que éste terminara resolviendo los múltiples amparos presentados durante el proceso.
Y en el caso de las instituciones creadas para combatir la impunidad estas ni siquiera cuentan con el financiamiento adecuado, veamos el caso del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), creado en el 2007 es una institución clave para el sistema de justicia, pues en él se realizan todos los peritajes y pruebas científicas de los casos penales: pruebas de ADN, huellas dactilares, necropsias forenses, balística, pruebas de sangre, TODOS los casos dependen de los análisis del Inacif.
Sin embargo nunca le han asignado los fondos necesarios para su funcionamiento, hoy los peritos y personal que labora en la institución no han recibido su salario completo del mes de octubre, esto es porque a diferencia del Organismo Judicial, la USAC y el Ministerio Público el Inacif no cuenta con los fondos privativos, así que si el Ministerio de Finanzas no le asigna los fondos necesarios colapsa, ¿Qué está esperando el Ministerio Público para apoyar a su mejor aliado en combatir la impunidad?.
