Héctor Luna Troccoli

Rememoro esa anécdota, porque el Congreso de ese entonces, es muy parecido al actual. Son compañeros, en buena medida, de los mareros que extorsionan a tenderos, dueños de autobuses, pilotos, etcétera. La diferencia quizás solo sea el traje que visten.

Es un secreto a voces que ahora muchos de los actuales diputados “cobran extras” por aprobar o improbar determinadas leyes o nombramientos que les corresponden por mandato constitucional. La corrupción en ésta y otras esferas no es nada nuevo, pero repito lo que en aquella reunión le dije a Serrano: “vos tenés la culpa por pagar esos chantajes y extorsiones”, igual que como sucede en el gobierno actual en diferentes casos como el de la selección de los magistrados de salas y la Corte Suprema y la de Fiscal General, fundamentales para el establecimiento de una verdadera justicia que llegue a todos por igual.

El problema con estas sucias jugadas políticas en donde cada partido quiere tener el mejor pedazo del pastel y gente incondicional a su servicio, es que se pone a la justicia… al revés. Es decir una justicia débil, frágil, sujeta al tráfico de influencias, corrupción, impunidad, etcétera, lo cual es gravísimo para la legitimidad y supervivencia del Estado mismo. La dominación de la política sobre los valores y principios que deben regir la aplicación ecuánime de la justicia descansa en manos de magistrados y jueces honestos y quienes colocaron a sus “gentes” en esos puestos, no saben el grave daño que le hacen a Guatemala ya terriblemente afectada por la criminalidad que ahora podrá estar más tranquila, pues los tentáculos de la impunidad y la corrupción se extenderán cada vez más y si ya tenemos una creciente desconfianza en las instituciones de todo tipo, la de los tribunales “politiqueros” sería el tiro de gracia al Estado de Derecho.

La solución ya la dijeron varios, como Oliverio García Rodas: habría que reformar de manera estricta y puntual la Constitución, quitándole el poder de nombrar a quienes forman parte del sistema de justicia al Presidente de la República y al Congreso, las dos figuras políticas más importantes del país, pero también las más cuestionadas por su integridad y moralidad. Ya es tiempo de poner un alto a la inmoralidad política.

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