Juan Antonio Mazariegos G.
En el curso de un día, en que la Corte de Constitucionalidad vivía momentos de presión inusual para que detuviera el proceso de elección y juramentación de los Magistrados recientemente electos por el Congreso de la República, se destaparon uno tras otro los actos relacionados. Por una parte la Magistrada Escobar y el Juez Aguilar denunciando respectivamente al Diputado Gudy Rivera y a un empleado de la Vicepresidencia, quienes a decir de los denunciantes, abiertamente presionaron a la Magistrada y al Juez para que con sus fallos beneficiaran supuestos intereses de la Vicepresidenta de la República, a cambio de obtener como moneda de cambio la certeza para ambos de que serían electos sin contratiempo alguno para la ahora malograda nueva Magistratura.
De igual manera, el Comisionado de la CICIG y la Jefa del Ministerio Público en conferencia de prensa, presentaron pruebas de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y al cohecho que pretendía cobrar a una empresa privada varios millones de quetzales a cambio de un fallo favorable en el que el operador estrella era el Magistrado Erick Santiago de León, actual Magistrado de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil.
Sin duda la actuación de todos los denunciantes, pero en especial la de la Magistrada Escobar y el Juez Aguilar, dignos de elogio y solidaridad, no hacen más que mostrar la punta de un iceberg que sumergido en un mar de intereses de poder y tráfico de influencias mantienen bajo fuego a la Justicia en Guatemala.
En mi opinión, la presentación de este tipo de denuncias revelan las presiones a las que se ven sometidos Jueces y Magistrados del Organismo Judicial y en la actual coyuntura de cuestionamiento a la elección de Magistrados, revisten de especial importancia, pues finalmente ofrecen las tan esperadas pruebas de la manipulación de una elección de Magistrados que visto lo denunciado sufrió esas y otras muchas presiones.
La Justicia en Guatemala vive días claves para su futuro, aún con todas las denuncias, pruebas y amparos presentados en contra de la elección de las nuevas Cortes, el procedimiento seguido para esa elección fue el establecido por la ley y para lograr un resultado diferente es necesaria una modificación profunda al sistema de elección y que se cuente con la participación de todos los interesados en un Organismo Judicial fuerte e independiente.
