Oscar Clemente Marroquín
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La facultad que la Constitución otorga a las Comisiones y al Congreso para elegir magistrados no sufre menoscabo alguno, salvo el hecho de que, de acuerdo a la ley específica, los aspirantes tienen que pasar primero por el procedimiento de las oposiciones que serán calificadas por el Consejo de la Carrera Judicial. Pero esa parte que pretende hacer efectiva la aspiración de que podamos tener juzgadores que hagan carrera como tales, es la que se ha ignorado desde que se aprobó la ley respectiva y por ello es que hace falta que la Corte de Constitucionalidad establezca la ilegalidad del procedimiento que se ha seguido hasta la fecha.
Es obvio que la Carta Magna establece que la designación final de los magistrados de salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia se hace en el marco de la política porque asigna la facultad de hacerla a los diputados que, en cualquier lugar del mundo, actúan con criterio político y por lo tanto pueden y deben negociar. Que la calidad de los diputados sea cuestionable y que la forma de negociar sea más una componenda son otros cien pesos, como dirían los mexicanos, pero en apego a la norma de la Constitución, son ellos los llamados a elegir finalmente de la lista que se les presente.
En otras palabras, para hacer la cosa sencilla, lo que ha faltado es que las Comisiones se basen en los listados que les proporcione el Consejo de la Carrera Judicial de aquellos que han llenado requisitos formales que la ley señala para ocupar las plazas de magistrados.
¿Resuelve eso el problema de la cooptación de la justicia y las influencias de poderes ocultos? Por supuesto que no porque así como se politizó y prostituyó a las Comisiones de Postulación se va a prostituir y politizar al Consejo de la Carrera Judicial y veremos que allí se repiten las mismas mañas. Sería pecar de ilusos suponer que con ello se acaba el vicio del control del sistema de justicia por grupos de poder oculto que funcionan con toda eficiencia para mantener la impunidad.
La impunidad continuará mientras el ciudadano guatemalteco siga indiferente ante el problema y ante la corrupción que lo alienta. En tanto no tengamos acciones de ciudadanía firmes, como el ejemplo que nos ha dado la doctora Escobar, nada hará que el país cambie y esa es una realidad. Pero de acuerdo a la ley, la forma de elegir no pude seguir siendo la misma.
