Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los afectados actuaron correctamente al solicitar que se dedujeran responsabilidades penales a quien por ley tenía la obligación de controlar las operaciones bancarias y decidieron demandar penalmente a este funcionario público que es, además, un prominente sirviente del sector privado, extremo que seguramente explica por qué la Corte de Constitucionalidad lo trata con tanta blandura. Y es que la resolución de la CC constituye un mensaje clarísimo para los funcionarios públicos en el sentido de que Guatemala no es un país donde haya una verdadera ley de responsabilidades y donde el funcionario tiene que preocuparse por rendir cuentas y por asumir consecuencias si por acción u omisión causa daño a quienes estaban bajo su tutela como en este caso ocurrió con los cuentahabientes de bancos desfalcados por sus propietarios.
El otro mensaje funesto que se envía es precisamente a los clientes del sistema bancario, puesto que tienen que entender a partir de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que la Superintendencia de Bancos es una cacharpa tan inútil como puede ser la Contraloría de Cuentas porque su papel es del todo irrelevante y los ciudadanos que tendrían que ser beneficiados por el control de las autoridades, están realmente a la mano de Dios porque si el Superintendente se hace el baboso deliberadamente para favorecer a los que están haciendo trinquetes en perjuicio de los clientes de un banco, simplemente será casi como que amonestado, que es lo que la CC al final de cuentas plantea como el mayor castigo posible para Willy Zapata.
Indigna en realidad ver cómo se mueven los hilos del poder porque hubo gente que además de haber perdido sus ahorros terminó perdiendo la vida como ocurrió con algunos que se suicidaron y otros que sufrieron dolencias cardíacas al enterarse de que se habían quedado sin el ahorro para el fin de sus vidas. Pero Zapata está bien representado en las más altas esferas del sector privado y por lo tanto es totalmente comprensible que haya sido protegido como se protege siempre a quienes sirven bien a sectores poderosos.
Pero repito que el mensaje es contundente. Guatemala es un país sin redición de cuentas y donde el funcionario que incumple deberes y daña al ciudadano, no tiene por qué preocuparse de consecuencias legales porque aquí no estamos acostumbrados a que se castigue a ninguna clase de sinvergüenzas. Zapata era el llamado a controlar las operaciones bancarias para protección de los ahorrantes y apañó el trinquete, pero por eso, aquí no se paga nada.
