Eduardo Villatoro
Recientes informaciones periodísticas, especialmente un amplio y documentado reportaje de La Hora, revelan el incremento de esa clase de uniones aparentemente legales o de hecho que están ocurriendo en Guatemala, como en otras regiones del mundo, golpeadas por la avaricia, el desprecio a la niñez y la violación a leyes internas y convenios internacionales.
Un despacho de la agencia de noticias IPS da cuenta que millones de niñas se convierten en esposas forzadamente a edades tan tempranas, hasta de apenas 10 años, a menudo casadas con hombres mayores que podrían ser sus padres o abuelos, como acontece regularmente en el mundo islámico; pero que también sucede en América Latina, incluyendo a Guatemala, ante la indiferencia de una sociedad cada vez más egoísta y de cara a autoridades incapaces de intervenir.
El matrimonio infantil es un severo problema de salud pública que viola derechos fundamentales de menores de edad. Por lo consiguiente, es obligación de las autoridades de los países en los que se practica esta aberración social e individual, proteger los derechos de las niñas. Pero –como advierten las autoras del reportaje de IPS– si hay alguna voluntad política de poner fin a esa costumbre es imprescindible adoptar decisiones en todos los ámbitos, para cambiar normas sociales dañinas y empoderar a las niñas, con la participación activa de gobiernos, grupos de la sociedad civil, líderes comunitarios (y no menciono a organizaciones políticas porque carecen de autoridad moral y solvencia cívica) que se tomen en serio terminar con el matrimonio infantil, deben considerar la promulgación de leyes que prohíban esas uniones y que en los países donde se encuentren vigentes las hagan efectivas.
Terminar con el matrimonio infantil ayudará a proteger los derechos de las niñas y contribuirá en gran medida a reducir la prevalencia de embarazos adolescentes. Aunque en otras naciones se registran grandes esfuerzos con resultados prometedores que desafían el statu quo de esta infeliz práctica, en lo que atañe a Guatemala este fenómeno pasa desapercibido no solo para la sociedad en general, sino particularmente para instituciones del Estado que hipotéticamente deben velar por la seguridad de niñas y adolescentes.
Aunque parezca una hipótesis lejana e imposible de cumplir, el Ministerio de Educación debería cargar con una enorme cuota de responsabilidad en el enfoque y eventual solución a este problema, porque los programas educativos de género y sexo constituyen importante factor para desarrollar el potencial de las niñas, sobre todo en lo que atañe a la enseñanza preventiva.
Sin embargo, las imputaciones no deben dirigirse sólo al Estado, sino que corresponde a los padres de familia educar y guiar a sus hijos desde sus primeros años en todas las esferas de la vida cuya enseñanza no implica especialización alguna, pero sí responsabilidad por el destino de sus vástagos, fundamentalmente en áreas tan sensitivas como son principios y valores que incluyen facetas primigenias de educación sexual, sin falsas concepciones de moral hipócrita.
(El educador Romualdo Tishudo cita a Quino en labios de la niña Mafalda: -Dicen que el hombre es un animal de costumbres; más bien de costumbre el hombre es un animal).
