Oscar Clemente Marroquín
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El sistema definido por la Constitución de 1985 era, en la letra, moderno y eficiente para subsanar muchos de los vicios que florecieron con la Constitución del 65. Sin embargo, en la práctica se produjo una prostitución de prácticamente todo el entramado constitucional y por lo tanto ahora son numerosas las voces que claman por una reforma a la Carta Magna como único medio para superar la crisis institucional que se traduce en corrupción e impunidad, con el abandono patético de las cuestiones fundamentales para que el Estado cumpla con la promoción del bien común.
Pero como cruel paradoja resulta que la Constitución vigente tiene muy efectivas y claras normas que regulan la forma en que se puede hacer una reforma constitucional y todas ellas son una camisa de fuerza porque los mismos constituyentes no previeron hasta dónde podría llegar la cooptación del poder legislativo y su nivel de corrupción. Cualquier cambio, grande o pequeño que se quiera hacer a la Constitución Política, tiene que pasar por el Congreso de la República y con los diputados que tenemos (y peor aún con los que sin duda vendrán corregidos y aumentados) no hay forma de soñar siquiera en una transformación que ataque precisamente todos los vicios del sistema que hoy nos tienen de rodillas.
Los dos caminos para hacer reformas están definidos. Uno es encargado directamente al Congreso que deberá aprobarlas con mayoría absoluta y luego se somete a consulta popular para que sea el pueblo el que ratifique o impruebe los cambios. Dos veces se trabajó así, una vez logrando un raquítico respaldo popular al sí y la otra con un rechazo a los cambios aprobados por el Congreso. Pero si vamos a la parte dogmática se tiene que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene facultades limitadas para reformar únicamente aquello para lo que haya sido convocada por el Congreso de diputados.
El clavo, porque no hay otra forma de decirlo, está además en que únicamente los partidos políticos, esos mismos que han conformado los últimos Congresos, pueden postular a los candidatos y eso significa que tendríamos una Constituyente como fiel reflejo de lo que es el actual poder legislativo porque los mecanismos de selección de candidatos serían los mismos, es decir, poniendo en venta las curules para que el mejor postor llegue a la Asamblea.
O sea que no tenemos más remedio que seguir pensando en parches que, como todos saben, no resuelven la situación porque ya se vio con la famosa Ley de Comisiones de Postulación que únicamente terminó por legitimar el trabajo de quienes llegan con el encargo de repartir las cuotas de poder.
