Factor Méndez Doninelli
Carlos Contreras, ministro de Trabajo y Previsión Social sostuvo que un millón trescientos mil trabajadores tienen el privilegio de gozar de un trabajo estable, seguro y remunerado, el resto que corresponde a la gran mayoría, son personas marginadas y excluidas del mercado laboral. Afirmó el ministro Contreras, que esa situación alienta la migración y motiva la desesperación de muchas familias y personas. Según estadísticas oficiales el total de la PEA en el país asciende a cinco millones cuatrocientos mil, por lo que, de conformidad con los datos del Ministro, más de cuatro millones están fuera de las oportunidades laborales.
El último censo en Guatemala (2002), reveló que en este país centroamericano había 11,2 millones de habitantes. El Instituto Nacional de Estadísticas INE calcula que, para mediados de 2014 habrá 15,8 millones de habitantes. Si la PEA es de 5.4 millones, significa que 4.1 millones de personas no tienen ningún tipo de ocupación, están desempleados o insertos en actividades informales, para ellas el potencial de acelerar su crecimiento económico es el comercio, la integración comercial y el turismo.
La escasa oferta laboral es causa principal que influye entre los guatemaltecos para emigrar o ingresar al sector informal de la economía. El ocho por ciento de la PEA está desocupado, mientras el setenta por ciento sobrevive en puestos temporales, ventas callejeras o intenta encontrar alternativas fuera del país. Según la defensoría del Trabajador de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, las faltas de certeza jurídica y la inseguridad generalizadas en el país, alejan la inversión, ello impide alcanzar mejores ofertas de empleo. En esto coincide la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advirtió sobre la lentitud en el sistema de justicia laboral y la calificó como arma de dos filos con efectos dañinos para el empleador y el empleado. Esta situación viola derechos humanos económicos y sociales.
Por otra parte, el actual Gobierno militar oligárquico persiste en violar derechos humanos de familias y víctimas del conflicto armado interno, por esa circunstancia, el 21 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, resolvió declarar al país en desacato, por incumplir las resoluciones emitidas por esa instancia regional, que en varios casos ha condenado al país por graves violaciones a estos derechos, en especial, los derechos civiles y políticos, negando el resarcimiento y la dignificación a víctimas de la guerra interna que asoló Guatemala más de treinta y seis años.
Son once los casos que el Estado de Guatemala niega cumplir con las sentencias, lo que se interpreta como un desacato, contrario al principio internacional de acatar las obligaciones convencionales de buena fe, conforme lo considerado y estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que el Estado guatemalteco es parte.
«Las manifestaciones estatales de oposición a las medidas de reparación ordenadas en las sentencias y la consecuente ausencia de avances en la ejecución de las mismas, implica un grave incumplimiento y un desconocimiento de los principios básicos del derecho internacional», indicó la CIDH en la resolución emitida.
Organizaciones sociales guatemaltecas, calificaron de nefasto y fatal la actitud del Gobierno de Guatemala.
