Eduardo Blandón
Justamente eso debería ser “una actividad democrática”, pero no lo es porque el sistema no lo permite y sus protagonistas no han estado a la altura de las exigencias que exigiría ser una voz que clame en el desierto. De alguna manera lo ha reconocido el Presidente del Congreso, el eterno diputado Arístides Crespo, quien señaló a los medios que se repite la situación de hace cinco años, cuando el entonces comisionado, Carlos Castresana, hizo señalamientos contra jueces y el proceso tuvo que reiniciarse.
El proceso se reinició y por lo visto debería reiniciarse “ad eternum” dado que los intereses de los políticos de turno son siempre los mismos: instalar socios en el sistema de justicia para evitar la persecución penal merecida por los actos de corrupción que deja gobernar o participar en los negocios del Estado. Esa es la razón por la que, como diría el pícaro Crespo, otra vez la CICIG pide reiniciar el proceso de elección.
Y vea si no es para preocuparse cuando el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, justifica su petición al señalar “que podría estar cooptada por el crimen organizado, que intentaría colocar a personas que cuiden sus intereses en ambas cortes”. Y lo que es peor, existe rechazo por el interés de reelección de algunos magistrados de ambas cortes “al exponer que es falta de ética profesional ser candidato y elector”.
Por supuesto que debe reiniciarse la elección de magistrado, pero no solo eso, sino reevaluar el sistema para conseguir un proceso más limpio. Hay que examinar las debilidades del mecanismo y tratar de poner fuera de este a los potenciales interesados que con sus actividades hacen pútrida la actividad. En esto, como ha coincidido Velásquez con otros expertos, no importan las fechas mientras se trate de un proceso transparente.
Hay demasiado en juego como para correr. No atendamos las prisas de nuestros políticos que cuando conviene no son la liebre que ahora pretenden aparentar. Vamos, aún se puede.
