Oscar Clemente Marroquín
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El nombramiento del comisionado Iván Velásquez fue explicado por fuentes guatemaltecas como la decisión de enviar al enterrador de la CICIG, al funcionario internacional que tendría el papel de hacer maletas y preparar una salida en la que, a lo sumo, se dejara como legado el traslado de algunas habilidades investigativas a entidades nacionales. El perfil de trabajo del comisionado Velásquez no fue de ninguna manera espectacular y su hablar pausado y extremadamente sereno contribuyó, quizás, a que la opinión pública se fuera olvidando de la existencia de una Comisión Internacional estructurada para investigar a poderosos grupos clandestinos que operan en forma criminal desde el mismo aparato del Estado.
El escándalo que provocó en el sector privado la difusión de un video en el que se hacía señalamientos al empresariado sobre complicidad en la creación de una estructura de limpieza social bajo la dirección de Carlos Vielmann obligó a Velásquez a salir de su mutismo para explicar que la entidad bajo su dirección desautorizaba la difusión de un video documental que nunca fue avalado por la Comisión precisamente porque no podían sustentar los señalamientos que se hicieron.
A diferencia del anterior proceso de postulaciones para magistrados, esta vez la CICIG se mostró mucho más cauta, enviando el mensaje de que actuarían siempre y cuando hubiera pruebas suficientes para señalar a alguien, lo cual ha sido bien visto por la sociedad.
Pero ese silencio ante la opinión pública no impidió que se trabajara intensamente en investigar un caso que ha sacudido hasta los cimientos al Gobierno actual porque altos funcionarios resultaron implicados en la estructura que desde las cárceles opera en forma organizada para cometer distinto tipo de delitos. Justo el tipo de actividades que constituyen el meollo del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y las implicaciones del ya conocido como “Caso Lima” adquieren proporciones de un terremoto político cuyas réplicas todavía están por verse.
Cuando en el primer día del escándalo el ministro López Bonilla dijo que creía que debía prorrogarse el mandato de la CICIG pensé que era un acierto suyo porque era como decir que quien nada debe nada teme o, como decían algunos, que quien está limpio ni de jabón necesita. Pero la forma en que fue llamado al orden y cómo el Presidente y la Vicepresidenta se han jugado sin tapujos la carta de eliminar a la CICIG crean, por lo menos, desconcierto porque este es el peor momento para que el Gobierno mande al diablo a una Comisión Internacional que, haciendo su trabajo, pone contra las cuerdas a un gobierno que no supo o no quiso hacer el suyo.
La comunidad internacional cerrará filas con el embajador alemán y pronto veremos la oferta de ayuda para que la CICIG siga, anulando el argumento presidencial.
