Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Carrera es reconocido como un intelectual progresista que, sin ninguna experiencia diplomática, tuvo el discurso suficiente para escalar hasta la Cancillería y ahora, ante la jubilación de Rosenthal, espera asegurarse el futuro al frente de la misión guatemalteca, lo que le puede abrir espacios en el seno de la ONU para hacer carrera en el Organismo multinacional. No contaba, sin embargo, con que su primer trabajo en representación de Guatemala será explicar cómo es que tras la investigación que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en el caso de los presidios, que todavía tiene muchos flecos pendientes de recortar, el gobierno al que representa tiene tanta prisa por cerrar la Comisión en septiembre del año entrante, pese a que inclusive hay importantes sectores políticos y bancadas numerosas que están proponiendo una prórroga del mandato.
El argumento del gobierno ante la opinión pública local es que no hay ya dinero de la comunidad internacional para mantener el aparato de la Comisión contra la Impunidad y que por lo tanto el cierre de sus operaciones en el país es inevitable. Habrá que ver si tal es el escenario con el que se encuentra Carrera en Nueva York, porque de lo contrario, si existe aún algún interés y rescoldo financiero para mantener la operación, tendrá dificultades para explicar cómo es que, ante la abrumadora evidencia de la captura del Estado por sectores importantes del crimen organizado, hay tanta prisa por darle el carpetazo al esfuerzo. Nadie pensó que el trabajo de una entidad como la CICIG sería fácil y que bastaría con que vinieran por un breve período para obtener resultados importantes en la lucha contra las estructuras clandestinas y paralelas que operan en el país. Seguramente que hay en el experimento tan novedoso aceptado por la comunidad internacional muchas luces y sombras, pero no se puede negar que la última luz es realmente iluminadora sobre la realidad de nuestras instituciones públicas y las enormes carencias que tenemos como país de cara a la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
Basta ver cómo fue posible que tras haber sido capturado en la calle cuando tenía que estar adentro de una prisión, el cabecilla del grupo logró el aval de tantos jueces para impedir su traslado para entender que no es únicamente el Ejecutivo el cooptado, sino también el Organismo Judicial y muchos integrantes del Legislativo que, sin empacho ni rubor, se mostraron como parte de la red.
