Juan José Narciso Chúa
Me refiero a la actitud de las élites políticas y económicas que continúan llevando al país por un rumbo de insospechados resultados con actitudes que no sólo deben llamar a la reflexión, sino además demuestran una rigidez permanente, así como también no dan muestras de atisbar un cambio mínimo en función del país y su sociedad. Justamente en estos momentos las Comisiones de Postulación se encuentran en el proceso de preparar los listados de abogados que pasarán a formar parte de la Corte Suprema de Justicia y los diferentes tribunales.
A pesar que se consideró que las comisiones de postulación vendrían a reducir la discrecionalidad, hoy se puede observar cómo las mismas representan a diferentes intereses, desde aquellos más perversos hasta aquellos que pretenden profundizar la impunidad en el país. El hecho mismo de calificar con mayor ponderación la experiencia con respecto a otros criterios de idoneidad, ética y otros valores personales, demuestra hacia dónde va la votación, con lo cual se violan preceptos constitucionales y que justamente un abogado sigue luchando como Quijote en contra de estos criterios.
Si a ello se suma que ahora el CACIF tiene un operador en el proceso de las comisiones de postulación demuestra que este ente pretende continuar presionando sobre las instituciones de justicia, un hecho que constata la pretensión de evitar la llegada de personas probas y alejada de compromisos o intereses sectoriales a la institucionalidad de la justicia y el derecho. Ello me recuerda un buen amigo, quien formó parte de estas comisiones en anteriores años y me comentaba las llamadas que recibía para que entrara determinado abogado, pero que de acuerdo a su ponderación no pasaba de una mediana calificación y aun así, hoy es magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Igual, en el caso del representante de la Usac se conoció que hubo amenazas serias para uno de los candidatos más fuertes para integrar la CC, así que se vio forzado a declinar para que fuera otro abogado quien pasara a integrar dicha corte.
Si a ello se suma la intención de continuar con la aprobación de la Ley de Inversión y Empleo, bajo la presión de casi todas las cámaras que integran el CACIF, a excepción de la postura clara y valiente en contra de la misma por parte de la Cámara de Comercio, se demuestra la reiterada necedad de las élites económicas por seguir controlando el país y sus instituciones y para ello encuentran políticos que dócilmente acceden a lo solicitado a cambio de corrupción.
¿Cómo se pretende un democrático estado de derecho?, si la justicia está secuestrada por las presiones de las élites políticas y económicas; ¿cómo se pretende la modernización económica?, si se quiere continuar por la vía del privilegio, de las zonas de excepción y las exenciones de tributos.
Se espera que la justicia y la economía aunque lleguen tarde sean ámbitos para personas probas, experimentadas y de prestigio y que en ambos casos se apunte a un auténtico y democrático Estado de Derecho y una modernización económica de competencia franca y abierta, una economía de mercado de verdad.
De seguir así, únicamente seguiremos por la senda de una economía para el privilegio y una justicia para la impunidad y en este caso, contrario a la pinta en la pared, no esperaremos toda la vida.
