Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Imagine el caso de una persona que está cometiendo actos en contra de la ley, utilizando el dinero de la gente (público) para amasar fortuna. Su primer mecanismo de defensa consiste en intentar aniquilar, por cualquiera de los medios, la iniciativa de quien tenga la posibilidad de iniciar una causa penal y por tanto, procede a sobornar o amenazar a el o los personeros que pudieran presentar la denuncia para que no hagan nada. Si tiene éxito, hasta ahí llegó el problema.
En caso lo anterior falle y la denuncia se presente al Ministerio Púbico, el sindicado tiene la opción de intentar que la misma sea desechada o puesta en la última gaveta del archivo, con el mismo procedimiento, es decir, soborno o amenazas con el agregado del tráfico de influencias, porque de una u otra manera, se sabe que esas prácticas tampoco se investigan.
Si la denuncia avanza y se presenta una causa penal en los tribunales, el primer eslabón de batalla para asegurar la impunidad está en el Centro Administrativo de Gestión Penal. Ahí supuestamente funciona un sistema que de manera “aleatoria” asigna el juzgado que conocerá, pero hay casos en los que ese sistema se obvia para designar a dedo; en dicho centro no intervienen jueces sino personal administrativo.
¿Por qué se designa a dedo? Porque del juzgado que se asigne, dependerá la sala de tres magistrados que conozcan de las apelaciones del proceso. Hay ocasiones en que el juez y los miembros de la sala, son ambos parte del sistema paralelo y por ello el sindicado sabe que su causa no corre riesgo en ninguna instancia.
Hay otros casos en que una de las dos instancias es honrada. Si es el juez, el sindicado sabe que la emisión de una orden de captura, por ejemplo, es probable pero que deberá “aguantar” unas semanas para que luego la Sala haga su trabajo y revoque la orden, dando “una medida sustitutiva”, por ejemplo.
Si el juez es parte del juego, pero la Sala no y ésta le corrige la plana al primero, siempre está la Corte de Constitucionalidad (CC) donde conviven muchos intereses y tráfico de influencias, que puede “enmendarlo” todo.
Como verá, estimado lector, hay 6 momentos en los que quien esté haciendo de las suyas puede lograr detener un proceso. Con pequeñas diferencias, lo mismo aplica en las relaciones entre particulares que se puedan ventilar en otras ramas.
En otras palabras, eso le explica por qué los grandes casos del país no avanzan o son irrelevantes. Rara vez el sistema funciona contra alguien que está dispuesto a usar el camino paralelo que lleva a la impunidad.
Ante este monstruo, ¿cómo esperamos que haya Quijotes que lo arriesguen todo para luchar contra un sistema carcomido desde sus más profundas raíces? Gente que además, de atreverse, quedan solos, sobre todo porque si lo explicado no funciona, siempre pueden contratar a un sicario.
Pues todo esto es lo que está en juego con la elección de magistrados, porque al fin y al cabo, sobre ellos pesa la responsabilidad de juzgar de forma honrada o ser el obstáculo de la justicia y valladar de la impunidad.
Los ciudadanos tenemos que asumir compromisos si queremos vivir en el marco de un Estado de Derecho porque el fin de la impunidad no nos caerá como maná del cielo sino que tiene que ser producto de una decidida participación de cada uno de nosotros. Busquemos el cambio que nos ofrezca lo que hoy no tenemos: futuro
