Se apostó a que eran esos representantes quienes poseían por el simple hecho de ocupar sus puestos, los más altos estándares de credibilidad e integridad, dándoles la solvencia de proponer los nombres de quienes debían ocupar los puestos con los que se rompieran los lazos del secuestro institucional del que ha padecido Guatemala.
En un principio, la idea era identificar y postular a aquellos que demostraran que con su vida y sus aspiraciones estaban comprometidos con un mejor país y que, a pesar de tener ideologías o conceptos distintos sobre la forma del ejercicio de la administración pública, no cupiera opción más que la defensa de los intereses en pro del bien común.
Pero todo el idealismo nos deja pintados como unos soberanos ignorantes porque aquellos que siguen pensando que las comisiones se instalan con la intención de postular a los más convenientes para el país, están siendo los ciegos que no se dan cuenta que son unas comisiones en que el arreglo se hace tras bambalinas para que el pastel ya llegue cocinado a la mesa de “trabajo”.
No es una Comisión de Postulación porque el listado de los que van a estar aspirando a los puestos es ya consensuado. Son unas comisiones de imposición porque podrá haber mejores expedientes, cualidades de honorabilidad e integridad en algunos candidatos, pero si no son de alguno de los grupos que intentan mantener el control de las instancias de justicia, no hay espacio en la hoja.
Las cúpulas del poder paralelo no dejan pasar la oportunidad de meter las manos. Lo que ha habido es una competencia por el control de las Cortes y el Ministerio Público. Cuando eventualmente pareciera que se había perdido dicho control, los círculos del poder real entendieron que entre ellos podían competir, siempre y cuando mantuvieran el control y respetaran sus cuotas. Por eso, para ellos mejor imponernos antes que postular. Por eso, esta vez no quieren riesgo de perder el dominio.
