Ricardo Rosales Román
\ Carlos Gonzáles \
ricardorosalesroman.blogspot.com
Lo ocurrido en estos 30 años confirma que la “apertura democrática” fue institucionalizada a fin de legitimar un reacomodo institucional y gubernamental a conveniencia de la élite del poder real; que el poder militar y pro oligárquico formalmente pasara a manos de los civiles; garantizar la continuidad de un sistema económico, político, social e institucional con evidentes síntomas de agotamiento; y, en tales condiciones, tratar de sacar al país del atolladero al que lo orillaron los gobernantes militares impuestos en 1970, 1974 y 1978 y sus antecesores.
De 1985 para acá, el país ha estado gobernado por siete presidentes “electos” y uno designado por el Congreso de la República. En lo político e institucional parecería entonces estar ante un prolongado período de sucesión gubernamental propio de un país institucionalmente estable y un sistema “electoral” y de partidos garante del respeto de la voluntad soberana del pueblo. Estrictamente hablando, las cosas no son así.
La alternabilidad gubernamental en nuestro país expresa y resume la caducidad y agotamiento del sistema electoral y de partidos, la ingobernabilidad e inestabilidad institucional. Las siete votaciones que se han realizado tienen en común que ningún partido o coalición de partidos que haya asumido el poder, se “reelija”, continúe en el gobierno o que, después, vuelva a gobernar.
En el país, no se elige, se escoge y se escoge al menos peor y lo escoge una minoría de la ciudadanía empadronada. La abstención, los votos nulos y las papeletas en blanco, es lo que, en general, predomina.
A ello hay que agregar que el gobernante que resulta “electo” es quien en la votación anterior ocupó el segundo lugar, es el más virulento “opositor” del gobernante a quien se propone “sustituir” y al llegar a gobernar, la culpa de todo lo malo que encuentra al asumir “el poder” lo achaca a su antecesor. En su incapacidad de cambiar lo que “encuentra” mal, acaba resultando siendo peor que su antecesor.
Esta sui generis sucesión y alternabilidad gubernamental, en ningún caso ha significado un real y verdadero cambio de fuerzas en el poder. A un gobierno anterior le sucede el que pasa a ser la continuidad del que le ha antecedido y así… sucesivamente. En tales condiciones, resulta imposible que algo pueda cambiar. Al contrario, asegura y garantiza la continuidad del secuestro de la gestión gubernamental por parte de la élite oligárquica y su empresariado organizado, los poderes fácticos y paralelos, la corrupción e impunidad.
En ese contexto, la alternativa real, viable y posible de poder no pasa por los partidos. Es al movimiento social y popular (en su expresión más amplia y genuina, legítima y representativa) al que le corresponde articularla y proponer a fin de echar andar los cambios de fondo que el país necesita ?para empezar?, en lo político e institucional.
