En la historia jurídica-política entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, no se había producido un incidente de grandes repercusiones, desde que se creó el ente investigador, que tendrá incidencias a nivel internacional, al no haber certeza jurídica entre ambas instituciones que la Constitución Política, le otorga funciones específicas a ambos organismos, pugna que debe dirimirse en un acercamiento y un diálogo abierto, que debe tener como mediador a representantes de todos los grupos del país, que de alguna manera han sido atrapados en esta controversia, que algunos la califican de politiquera, al imputarse sindicaciones uno y otro grupo, sin guardar cordura.
El problema Bernardo Arévalo de León y María Consuelo Porras Argueta se remonta años. Se originó inicialmente con la postulación presidencial de la ex fiscal general Thelma Aldana, autoexiliada en los Estados Unidos, apadrinada por Movimiento Semilla, que en ese proceso electoral logró elegir varios diputados entre ellos Arévalo. Pero en el correr de los años y en las elecciones pasadas, se promovieron acciones de impugnación contra los candidatos presidenciales Arévalo-Karen Herrera, supuestamente el Partido Semilla, había sido inscrito con afiliados que se retractaron de su filiación, lo que dio origen que el Ministerio Público, promoviera acciones penales en los tribunales, que se dieron curso a las querellas, hubo dudas por parte del MP. Si la elección de los hoy mandatarios y diputados estaba enmarcada en el, y el evento eleccionario se judicializó y una especie de un “auto golpe de estado“ para evitar la asunción al ejecutivo de los hoy gobernantes.
Esa pugna ha tomado características, entre uno y otro bando. El Ministerio Público ha promovido acciones en los tribunales constitucionales, contra Arévalo, varios ministros de estado y otros funcionarios y del Tribunal Supremo Electoral y ambos se hacen imputaciones graves, lo que ha dado origen a que la población esté desorientada y no sabe a quién darle la razón, al continuar en la fiscalía Porras, que se aferra al cargo, al ser amparada por la Corte de Constitucionalidad, donde los agraviados por la citada funcionaria, han demandado de la CC se revoque el amparo y se abra proceso penal contra la jefa del ente investigador, y dice que no renunciará, porque la ley la blinda.
El conflicto MP Ejecutivo-Arévalo tiene y tendrá gravísimas connotaciones a nivel internacional. Se da por hecho que cualquier inversionista que desee hacer transacciones en Guatemala, lo pensará, al haber certeza jurídica y por esos graves conflictos, que cada uno se lanza sindicaciones y para el presidente Arévalo, lo pone contra las cuerdas y la pared, porque se da por hecho que en su administración no podrá destituir a la Fiscal Porras, que tiene la protección del Organismo Judicial, de los diputados que hasta hoy se resisten a hacer reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en la gestión de Aldana, se erogó el artículo 14, que daba facultades al presidente a remover al jefe de esa entidad.
En un verdadero Estado de Derecho de existir pesos y contrapesos, para que haya una genuina y verdadera democracia.
Lo cierto es que es saludable que ambas instituciones se reconcilien y que los mediadores sean reputados dirigentes de todos los grupos sociales, académicos y comerciales del país, por Guatemala, no puede vivir en ese estira y encoge, no solo se desprestigia a nivel nacional sino internacional, como ha quedado evidenciado.
