En los últimos años, el proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales de alto rango, ha sido un evento que es mezclado con la política y el gobierno de turno. En razón a esas acciones, los jueces no imparten la justicia como norma la Constitución. Condenan a inocentes y absuelven responsables de hechos que el Ministerio Público, no presentó los medios de prueba para dictar una sentencia condenatoria.
Está en curso la conformación de las Comisiones de Postulación para seleccionar a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados. Los posibles aspirantes a esas altas judicaturas, han hecho acercamientos con los comisionados, invitándoles a convivios, aceptación de dinero y otros ofrecimientos que los comisionados, no han rechazado, como ha sido usual en los últimos años y esa situación contraviene lo que norma la Constitución y la misma Ley de la relacionada comisión, que está integrada por decanos de las facultades de Derecho, del Colegio de abogados elegidos en una asamblea y magistrados de salas, para la CSJ.
Todos los sectores de la población, académicos, de la sociedad civil y grupos que se conformaron en el recién proceso electoral, que fueron enérgicos en sus exigencias deben unirse a esas entidades, máxime que a pedido del presidente Bernardo Arévalo, la Organización de Estados Americanos, aceptó la petición del gobernante, para supervisar ese evento como lo hizo con las elecciones generales del año pasado.
Para esos cargos se necesita capacidad, idoneidad y más que todo: honradez. Sin esas calidades es difícil que la justicia se aplique como norma la carta magna. Se conoce que los mismos operadores de siempre, el ex rector de la USAC, Stuardo Barrios, el exdiputado Carlos López Villatoro, (el rey del tenis), el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez Pimentel, quien en el pasado proceso electoral para elegir a los magistrados de la anterior CSJ fue imputado de intentar coaccionar a los comisionados para que se le reeligiera como magistrado y luego de un proceso judicial, logró no ser enjuiciado y el Colegio de Abogados lo designó para el cargo que ahora ocupa.
Ahora es la oportunidad para hacer una reorganización a fondo del Organismo Judicial. Evitar la reelección y elegir a profesionales del derecho que tengan clara consciencia que su obligación es ajustarse a lo que dice la ley y hacer una limpia a fondo de aquellos jueces venales que se han plegado ilegalmente a acatar las peticiones que les hace el Ministerio Público, que no están apegadas a derecho y que han empañado la democracia que todos los guatemaltecos honrados aspiramos.
Ya se ha dicho y así está regulado, que un pueblo sin justicia pronta y cumplida, no tiene democracia y en el futuro proceso para elegir a los funcionarios judiciales, los diputados deben honrar la dignidad que el pueblo les ha confiado, porque en última instancia el proceso para elegir a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales es un proceso político, porque esa potestad la tienen los legisladores, que se venden a mejor postor y reciben dinero y presiones de ciertos sectores que son del dominio público y no es un secreto.
