El ejercicio periodístico está regulado en la Constitución de la República. El artículo 35 de la ley matriz, claramente indica que, “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”… En la administración del expresidente Alejandro Giammattei, se violentó ese derecho constitucional, con una cacería y procesos penales contra varios columnistas y comunicadores sociales, que denunciaron las arbitrariedades de su gobierno y varios como fiscales y jueces que no se plegaron a la corrupción en el Organismo Judicial, se vieron forzados a autoexiliarse, en salvaguarda de sus vidas y de sus familiares.
Una de estas arbitrariedades que atentan contra la Constitución, es el encausamiento ilegal desde julio del 2022, del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, que se le tuvo confinado en una bartolina, sin derecho a salir al aire libre y con una serie de restricciones, llegándose al colmo de enjuiciar a sus defensores y privarlo de otros derechos, negándole los tribunales, una medida sustitutiva, al extremo que los fiscales del MP que llevan el proceso, de ausentarse en las audiencias con frívolas excusas.
Al tomar posesión el presidente Arévalo ordenó que Zamora recibiera visitas de sus defensores, familiares y amigos, que se le diera un trato humano, pues enfatizó y así lo ha ratificado, diciendo que en su gobierno se respetará el derecho de todos los comunicadores sociales, pues ejercen un derecho constitucional.
En torno a la acción contra periodistas y columnistas, promovida por Giammattei, en contubernio con el Ministerio Público, varias entidades de prensa nacionales y extranjeras se han manifestado en varias ocasiones contra la acción contra los comunicadores, pues más de 20 reporteros están en el exilio, sufriendo penas económicas. En fecha reciente, directivos de la APG a instancias del expresidente del Colegio de Abogados y apegista Mario René Chávez García, se entrevistaron con el Procurador General de la Nación Julio Saavedra, para pertirle su mediación en el caso Zamora, el funcionario fue claro en señalar que en el gobierno de Arévalo, se respetara la función de los periodistas y que ninguno va a ser encausado en los tribunales, porque cumplen su función que está regulada en la Constitución.
En la reunión con el citado funcionario, acompañaron a Chávez García, la presidenta de la APG. Ana Julieta Cárdenas, los expresidentes de la máxima entidad de prensa, Byron Barrera, Mario Recinos, Abraham Baca y el autor de esta columna, en su calidad de asesor jurídico de la entidad periodística y expresaron a Saavedra, su colaboración y que en otra oportunidad podrían tener otra reunión similar en beneficio de que se respete la emisión del pensamiento a toda costa.
