Todo proceso electoral debe realizarse en un ambiente de libertad y democracia; hay una ley vigente y una Constitución de la República, que garantizan al ciudadano de elegir y ser electo a cargos de elección popular a la persona que cree que va a cumplir sus promesas, que es idónea y capaz de buena reputación. Cualquier acción que se promueva en órganos que no son competentes para un evento electoral y judicializar una elección, colisiona con las leyes de la materia que fueron constituidas para conocer y resolver con apego a derecho las elecciones.
Las acciones del Ministerio Público, presionado por el pacto de corruptos y los tribunales de justicia, no tienen sustentación legal y es una clara venganza por la sanción impuesta por organismos internacionales, que fueron observadores, antes, del día de las elecciones de junio y agosto, de cómo se había desarrollado el proceso comicial, para elegir a los jefes del ejecutivo, diputados y alcaldes y se cuestionó la incursión de funcionarios del ente investigador a las áreas donde se habían realizado las elecciones, en el Parque de la Industria y la violencia y allanamiento a las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral, donde ilegalmente se apoderaron de documentos, que daban certeza de que las elecciones habían sido transparentes. Falso un fraude como lo inventaron los perdedores de las elecciones.
Para cumplir con la ley, el Tribunal Supremo Electoral, declaró válidas las elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes y acreditó a los electos para que asumieran sus cargos en las fechas que señala la Constitución, que están en sus puestos, a excepción de algunos ediles que por anomalías en los comicios, no asumieron.
Da vergüenza y es una torpeza jurídica, si se puede llamar de esa manera, que varios meses después que los electos ocupan los cargos para los que fueron elegidos por el pueblo, un juez por presiones del MP y el pacto de corruptos, trate de invalidar las elecciones, asegurando que hubo fraude. La comunidad internacional y los guatemaltecos tienen clara visión que el proceso fue democrático y transparente y decir lo contrario, es un error y una clara y flagrante violación a la Constitución y da lugar a que se presten a esas patrañas y enjuiciarlos.
¿Qué podría ocurrir si el Ministerio Público, y el juez Fredy Orellana, declaran nulas las elecciones y ordenen se repitan cuando ya están en sus cargos los que el pueblo eligió en elecciones limpias y democráticas? Es preocupante que profesionales del derecho que se creen sabiondos “con maestrías y plagio de tesis de doctores” intenten violentar la voluntad del pueblo, que por supuesto no se quedará callado y que toda esa basura, sea eliminada y pase el tren de aseo.
