Guatemala està en el ojo del huracán de los Organismos internacionales, presidentes, ex presidentes y  la población nacional, que exige al gobierno que  dè certeza jurídica a las elecciones de Junio y Agosto, que no pueden ser revertidas por jueces corruptos y el Ministerio Pùblico, que en una conferencia de prensa kilòmetrica, con la ausencia de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, con argumentos espurios y políticos, “recomendó” al Tribunal Supremo Electoral,que las elecciones se anulen, argumento que no tiene ninguna sustentaciòn legal para hacerlo inviable;  el ente electoral, diò certeza y acreditó a los electos, las credenciales,  como los nuevos alcaldes, diputados al Congreso, al Parlacen y Presidencia de la Repùblica.

La presidenta del TSE. Blanca Alfaro, revatiò las declaciones de los funcionarios del MP. ratificó           que ya se decretò la vàlidez de los comicios, que Cèsar  Bernardo Arèvalo de Leòn  y Karen Herrera, fueron acreditados como los futuros jefes del ejecutivo y solo una sentencia en firme de la Corte de Constitiucionalidad, “podría” anular los comicios, señalando  a la vez que lo denunció  el  investigador, da lugar a  sospechar que podría producirse un golpe de estado y que los electos en comicios libres, supervisados por la comunidad internacional, es irreversible y no da lugar a una nulidad como se pretende. 

La Comunidad internacional reaccionò por las declaraciones  del MP., asegurando que no tiene la calidad “moral” para hacer una recomendación sin argumentos, que podrían dar lugar a la nulidad de las elecciones,  que Arèvalo y Herrera, los alcaldes y los diputados deben tomar posesión, porque ya se decretò la certeza de los comicios, en caso contrario se estaría burlando la voluntad de los guatemaltecos que masivamente participaron en las elecciones. 

Se debe respetar lo que norma la Constituciòn y la Ley Electoral y de Partidos Polìticos, que tiene rango constitucional y ningún juez penal, que se rige por una ley ordinaria, puede involucrarse en las elecciones, porque el Tribunal Supremo Electoral, es la entidad que constitucionalmente tiene que  actuar con arreglo a derecho y respetar la voluntad de los electores, que eligieron a los ciudadanos que tenían el mejor perfil. 

Las declaraciones del Presidente Giammattei, no encuadran en un personaje que según la  Constitución, es líder de la unidad nacional. Heredarle a su sucesor la corrupción que ha sido la peor crisis de su gestión en su desgastados cuatro años, es un craso error y es recomendable que dé la cara, a igual que la fiscal Porras, que se escudan en declaraciones que no tienen credibilidad y el mandatario trata en sus últimos días de su pésima gestión, hacer del gobierno un mamarracho y es triste que siendo èl, de una familia de prestigio, su caràcter arrogante, contraste con sus pésimas actuaciones que ya han sido severamente cuestionadas por los organismos internacionales.    

El gobernante da por hecho que resignara el cargo en su sucesor y que ya se giraron las invitaciones para que asistan altos funcionarios de los paises donde Guatemala tiene relaciones, pero pareciera que el mandatario está jugando dos papeles y es presionado por los que perdieron las elecciones que erróneamente dan por hecho que lo dicho por los funcionarios del MP. son reales, siendo esto, una tremenda farza y una mentira de los que tratan a toda costa que los futuros gorbernantes,no tomen posesión.

La Corte de Constitucionalidad debe jugar en èstos momentos el rol que le asigna la Constitiuciòn, que dice que debe ser garante que la ley matriz se respete, hacer mutis y resolver con marcado atraso la convierte en cómplice y será el pueblo en que en su momento reaccione, y nó sabemos què puede ocurrir sino toman posesión los elegidos en el proceso electoral, el màs supervisado de la era democrática. 

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