Una ley ordinaria no puede aplicarse para invalidar un proceso electoral. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, con sus falencias al no ser reformada, con rango constitucional, regula y norma todo proceso electoral y se aplica guste o no a los corruptos que se han asociado con la venia y “aprobación” del presidente Giammattei, para evitar que el presidente electo César Bernardo Arévalo y Karen Mansilla, del Movimiento Semilla, no tomen posesión, que sería una afrenta al pueblo libremente expresada en el balotaje de agosto.
La Corte de Constitucionalidad en su 8ª. magistratura, se ha plegado a las mafias corruptas, se ha “lavado las manos” al trasladar a tribunales ordinarios, para sustanciar las acciones que han enderezado partidos y grupos que han adversado las resoluciones del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral. La Carta Magna dice claramente que el máximo tribunal constitucional su función especial es, la defensa del orden constitucional. De actuar parcialmente y no encuadrar sus sentencias a lo que indica la máxima ley de la República, es un golpe a la democracia y esa entidad debe reivindicar sus decisiones a lo que norma y dice la ley y recordar lo que hicieron sus antecesores, cuando Jorge Serrano Elías, intentó dar un golpe de Estado.
El pueblo está consciente que los postulados por el Partido Semilla, ganaron las elecciones y fueron acreditados por el TSE. Invalidar con subterfugios leguleyos que hubo fraude, que el Partido Movimiento Semilla, adolecía de ilegalidades en su inscripción no son válidas, esa entidad de derecho público, fue inscrita hace más de 10 años y por consiguiente, aplicar una ley ordinaria, donde se ha prestado el juez penal Fredy Orellana, son inválidas y no encuadran en un proceso electoral, como ya quedó dicho una ley ordinaria no es superior a una constitucional.
Los inconformes con el triunfo de Arévalo, que sorprendió a sus adversarios, se han unido y tienen el aval de organismos internacionales, como algo que no registra la historia jurídica-política guatemalteca, siguen de cerca el proceso postelectoral y han reiterado que la voluntad del pueblo prevalece y se debe cumplir con su voluntad. De accionar el Ministerio Público, para invalidar la elección de Arévalo y Semilla, puede dar lugar a un desborde y que el pueblo se levante y exija justicia a costa de su vida…
