La Contraloría General de Cuentas, está obligada a cumplir con lo que norma el artículo 232 de la Constitución, cuya función es: fiscalizar los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas. El Congreso erogó al Tribunal Supremo Electoral, varios millones de quetzales, para las elecciones generales, recursos que debieron utilizarse exclusivamente para tal evento y no de manera discrecional, si fue para otros fines, la entidad fiscalizadora, está obligada a realizar una auditoría y deducir responsabilidades civiles y penales, contra los responsables y dar cuenta al pueblo de Guatemala, si hubo o no mal manejo de fondos, como se sospecha en varios sectores de la población.
La ley es clara y no da lugar a interpretaciones amañadas. Los millones que erogó el Congreso, eran con exclusividad para las elecciones del 25 de junio y si ese dinero fue desviado para otros fines, lo debe establecer las auditorías, la Contraloría de Cuentas y si encuentra mal manejo, por supuesto seria corrupción y está obligada a hacer las denuncias conducentes en el Ministerio Público, para establecer si esos fondos fueron desviados para otros fines.
En éste proceso electoral, que se desarrolló entre luces y sombras y con manifiesta inconformidad de los guatemaltecos, el órgano electoral, contrató personal temporal e hizo compras millonarias en empresas digitalizadoras, que originó desconfianza en los fiscales de los partidos políticos. En varias ocasiones los partidos políticos no afines al gobierno, mostraron dudas de digitalización, porque en eventos en otros países, hubo errores en el cómputo de los votos. Para esas contrataciones el Tribunal Supremo Electoral, pero los magistrados dieron por sentado que tal entidad era de prestigio y que todo lo que se decía, no era verdad.
En todos los procesos electorales, se duda de las autoridades rectoras de los eventos comiciales. Se espera que la Contraloría General de Cuentas, cumpla con lo que la ley indica y no sea otra marioneta cooptada, por el ejecutivo y los partidos semioficialitas, pues de no hacer es su labor como lo indica la Constitución, será solidariamente responsable de los incidentes que puedan darse. Es del dominio público que la elección del Contralor, fue severamente cuestionada, pues se le vinculó con partidos político oficialista, imputación que el funcionario negó.
El ente electoral, en varias ocasiones solicitó al Congreso, la ampliación del presupuesto, a lo que el legislativo accedió. Esos millones que se erogaron para este proceso electoral supero lo de otras elecciones. Los magistrados viajaron a los Estados Unidos, para hacer contactos con las personas que podrían conformar las juntas electorales, usando línea área de primera clase, alojándose en hoteles de tres estrellas.
En otros procesos electorales, la Contraloría General de Cuentas, ha sido clara en denunciar el manejo de fondos, y ahora se sospecha que varios de los millones que desembolso el parlamento, fueron desviados para otros fines, pero es un hecho de ser verdad, que el ente fiscalizador, está obligado de comprobar y rendir cuentas al pueblo y despejar todas las dudas que se podrían tener. Pero como se dice en buen chapín, «cuando el río suena… es que piedras lleva…» será eso cierto o simple ficción. Usted tiene la palabra…
