Walter Juárez Estrada.
Desde hace años el Estado de Derecho ha estado en constante crisis, que se agudizó con el actual Gobierno y más; con la segunda gestión de Consuelo Porras Argueta, afín a Alejandro Giammattei, que se ha convertido en cómplice y en apadrinar a los corruptos del crimen organizado de ésta administración, que ha quedado evidenciado con la renuncia del eficiente juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar, que se refugió en Costa Rica, para evitar su asesinato, que era el objetivo de sus enemigos anónimos.
En su dimisión el ahora ex juez de alto impacto dijo que, “no existen condiciones de seguridad en Guatemala, que le den condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia”. Tan es verdad que aquí no hay garantías para jueces, fiscales y periodistas honestos, que tuvieron que salir a exilio casi forzado, cómo Erika Aifan y otros, porque consideraron que su vida estaba en peligro y que las acciones en su contra no tienen ninguna sustentación que las avale.
El caso de Gálvez, la ex juez de alto impacto Erika Aifán y el ex fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro, es la criminalización que existe en Guatemala, producto de la inseguridad y las acciones ilegales de Porras, que le debería dar vergüenza que como abogada su entidad, el Ministerio Público, es una institución autónoma, que se rige por la Constitución y su ley Orgánica y qué camino podrá tomar cuando deje el cargo que es odiada por la población y está en la lista negra de los Estados Unidos, junto a otros corruptos, entre diputados y funcionarios del Gobierno.
La renuncia de Gálvez, tendrá repercusiones en las elecciones del año entrante y en los Estados Unidos, que con justa razón puede suspender la ayuda que le da a Guatemala, donde se quiera o no aceptar, el principal responsable será Giammattei, que le heredara a su sucesor una admiración corrupta y con serios señalamientos de Organismos Internacionales.
Algunas entidades y tanques de pensamiento con todo derecho hay exigido que se promueva proceso penal por varios delitos, contra esos grupos anónimos que sin el mayor escrúpulo han accionado contra jueces, fiscales y periodistas, a quienes se les debe reconocer su labor de investigación y juzgamiento y que no se han prestado a hacer cómplices de los corruptos y el mandatario Giammattei debe en honrar su nombre y no hacerle el juego a los que le hacen el circulo.
Las diligencias de antejuicio contra el ex Juez Gálvez Aguilar perdió materia y el juez pesquisidor debe devolver a la Corte Suprema de Justicia, el expediente para lo que haya lugar, pues los corruptos magistrados de esa alto organismo sin mayor discusión aceptaron la dimisión del juzgador y la incógnita ahora es…qué abogado tendrá las agallas que tuvo el dimitente togado para resolver los procesos que están abiertos contra corruptos de los gobiernos pasados y el presente y el pueblo debe estar atento de esas resoluciones lo que se duda, porque el objetivo era precisamente dejar por un lado al relacionado profesional y nombrar jueces ad hoc al servicio de la corrupción que no cesa en Guatemala.
