Walter Juárez Estrada
El grupo de veteranos militares que adversa el decreto 51-2022 que aprobó el Congreso para otorgar un beneficio económico de Q36,000 a cada veterano a cambio de trabajos en un programa ambiental, dan por hecho que ellos fueron engañados por el presidente Alejandro Giammattei, pues en campaña aseguraron les prometió que el beneficio por combatientes contra la insurgencia sería nada más y nada menos de Q136,000 en un solo pago y dieron por hecho que de no cumplirse con su requerimiento, estarían dispuestos a sabotear las elecciones e incluso-dijeron-asaltar la Casa Presidencial, lo que se cree que es un chantaje que el mandatario no debe aceptar y que el Ministerio Público actúe, pues esa amenaza es delito que tipifica el artículo 389 del código penal como sedición.
En los gobiernos pasados los supuestos combatientes contra la proscrita insurgencia han hecho amenazas, marchas y han bloqueado carreteras afectando por millones la economía nacional. Ahora vuelven a la carga y los diputados que aprobaron el resarcimiento económico de Q36,000, actuaron irresponsablemente con la intención que los exmilitares los apoyen para su reelección la que por ninguna razón debe aceptarse. Son varios millones que tienen que ser erogados para complacer a los exmilitares.
El problema de los excombatientes ha estado en la agenda del Ministerio de la Defensa, que hasta hoy, no tiene una nómina que dé certeza jurídica y legal que los requirentes efectivamente cuando combatieron a la exguerrilla, estaban de alta. Toda vez no haya certeza quienes efectivamente estaban en la nómina del ejército no se les puede dar ese beneficio, porque sería algo ilegal y aquí tiene que actuar la Contraloría General de Cuentas para no incurrir en malversación y mal manejo de los fondos públicos.
Los veteranos militares deben razonar y no coaccionar. Entre ellos hay una marcada división, pues unos están conformes con los Q36,000, pero los aborazadores exigen los Q136,000 que dicen los prometió Giammattei, cuando era candidato presidencial. Si los inconformes persisten en sus demandas bajo coacción y chantaje el Ministerio Público les debe imputar el delito de coacción y otras figuras que norman las leyes penales del país, pues si quieren ese dinero deben demostrar con medios de prueba que efectivamente combatieron a los insurgentes y esa duda la tiene que despejar el Ministerio de la Defensa Nacional, porque derogar varios millones sin respaldo también es corrupción.
