Walter Juárez Estrada
Los diputados, dirigentes políticos y la sociedad guatemalteca no están de acuerdo con las reformas de diez cambios que la Comisión de asuntos electorales del Organismo Legislativo -que está dividida- no está de acuerdo y que se apruebe una ley parchada con una serie de errores de forma y de fondo y que la misma vuelva a la respectiva comisión, y con criterios amplios, se discuta cada uno de los artículos que le den forma a una ley obsoleta que en los últimos procesos electorales ha originado diversidad de criterios entre los aspirantes a puestos de elección popular y que en muchas ocasiones ha dado lugar a que las elecciones y los resultados se diriman en los tribunales ordinarios, y no en el Organismo que por ley le compete resolver todo conflicto en materia electoral.
La referida comisión que preside el diputado José Rivera Nájera dio muestras de incapacidad y que el paquete de reformas no fue consensuado con los 21 miembros de dicha comisión, quienes se han manifestado en contra de su aprobación y han puesto como causal que no se escuchó a los magistrados electorales que en última instancia y por ley tenían la obligación de conocer previamente el proyecto de reformas para que no sea una ley parchada y con errores de forma y de fondo, y además se considera que ni siquiera pasará en primera lectura cuando se traslade al pleno, y es difícil que se logren los 107 votos para que dicha reforma se apruebe, tal como pretende Rivera y sus compinches y no es posible que en menos de 5 meses que faltan para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones, se apruebe una ley casuística que no llena la expectativas que el pueblo necesita.
Rivera ha dicho que tal reforma debe ser conocida a previa consulta en la Corte de Constitucionalidad y sabiendo como está conformado dicho tribunal, se duda que en menos de 5 meses se dé visto bueno a tales reformas, por lo que es recomendable, insistimos, que la misma se discuta con la intervención del TSE que tiene engavetado un anteproyecto de 37 reformas, que no fueron conocidas por la Comisión de Asuntos Electorales por la torpeza de los diputados que forman dicha instancia. Dicha ley por supuesto que debía haber sido reformada en su momento con la intervención de todos los dirigentes políticos, tanques de pensamiento y sectores que de alguna manera tienen incidencia en los procesos electorales. Dichas reformas, por supuesto deben tener sanciones drásticas contra los dirigentes que de manera anónima reciben millonarios fondos para financiar los procesos electorales, y de esa cuenta se hacen millonarios.
El transfuguismo debe mantenerse firme y no permitir que diputados que pretenden reelegirse se cambien de partido, pues es una de las razones que el pueblo con razón pide transparencia y que los procesos electorales no sea un negocio sucio, donde los narcos son los que se llevan la tajada y tienen el control del Congreso y de los otros organismos del estado, como ocurre en estos momentos, donde el presidente Giammattei, a pesar que lo niega, se ha convertido en un cuasi dictador, siendo el que quita y pone en los Organismos del Estado, llegándose a estos momentos que el 12 de octubre próximo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones cumplen 3 años de haber prolongado sus funciones y por las maniobras sucias de los mismos diputados no agendan en las sesiones del Congreso para elegir a los sustitutos de tales magistrados.
El proceso último donde quedó elegido Giammattei debió haberse anulado porque hubo irregularidades en el cómputo de votos de las mesas receptoras y que no coincidía con el computo que tenía el registro electoral, con esas circunstancias, insistimos que efectivamente la ley electoral y de partidos políticos, en los actuales momentos es obsoleta y debe ser reformada, y que pase consensuada pues de no ser así, volveremos a tropezar con la misma piedra y por eso es que Guatemala ha sido el blanco de severas críticas no solo a nivel local e internacional, y es ahora que el pueblo debe pronunciarse y no ser simple testigo de la torpeza de los gobernantes, de los políticos y no digamos del Congreso, que la mayoría de los representantes tiene pensamiento de plomo, cosa que ha quedado evidenciada con las leyes que emiten que no concuerdan con las exigencias del pueblo, decepcionado de sus gobernantes y los que se dicen ser padres de la patria.