Walter Juárez Estrada
Por años, miles de internos de los 22 centros penales que controla el sistema penitenciario y los que guardan prisión en las cárceles improvisadas de Mariscal Zavala y Matamoros, están detenidos ilegalmente por irresponsabilidad directa del Ministerio Público y los Tribunales del Orden Penal al haber concluido el tiempo que podrían haber sido condenados, pero la mora fiscal y judicial no les permite incorporarse a la vida cotidiana, por lo que es imperativo que se busquen los mecanismos legales para desentrampar los procesos y así, descongestionar el hacinamiento que desde hace varios años tienen los privados de libertad.
Esos casos no solo están en los Tribunales del Orden Penal, sino también en los Tribunales laborales que no aceleran las sentencias, a pesar de que los sujetos procesales presentan todos los medios probatorios para lograr que el agraviado reciba la indemnización correspondiente, si su remoción deviene de ser ilegal y que no se ha sustanciado el debido proceso.
En estos casos, las partes deben llegar a acuerdos conciliatorios para no afectar al trabajador. Es necesario que los jueces y magistrados de este ramo busquen la fórmula para desentrampar los expedientes y se resuelva con apego a derecho y a la sana crítica en favor de las partes. Con frecuencia, trabajadores de diferentes sectores se ven compelidos a accionar en los tribunales laborales, cuando han agotado la vía conciliatoria en la Inspección Nacional de Trabajo, y no se logra que en esta instancia se redima el conflicto laboral.
En relación a la mora fiscal, la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, está consciente que miles de investigaciones se quedan estancadas y no se demanda en los tribunales, dictar las sentencias, ya sea absolutorias o condenatorias según cada caso. El MP, cuenta con recursos para poner más personal en las fiscalías y así resolver la situación jurídica en los tribunales penales de los imputados. Se da el caso que miles de internos ya cumplieron su condena, pero por las fallas que hay en el Ministerio Público y en los Tribunales de Justicia Penales, continúan en prisión, constituyendo esto detención ilegal donde los afectados tienen todo el derecho de accionar contra el estado para el pago de una indemnización por estar privados de su libertad a pesar de que el hecho por el cual se les imputó podía tener una condena mínima. Pero es imperativo que estas fallas que violan los derechos humanos se resuelvan y que el Organismo Judicial, debe crear más tribunales laborales y penales para terminar con el calvario que sufren usuarios litigantes e internos.
El Organismo Judicial cuenta con fondos millonarios producto de las penas pecunarias desde quinientos hasta varios miles de quetzales que se impuso a miles de ciudadanos que violaron las normas durante los estados de emergencia que fueron impuestos por el gobierno y ratificados por el congreso a raíz de la crisis aún no superada del COVID-19. Y también el Organismo Judicial, acaba de recibir a igual que el Ministerio Público, varios de los millones que le fueron confiscados al exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruíz, en una casa en Antigua Guatemala.
Es recomendable que el Congreso emita un punto resolutivo y exhorte al Ministerio Público y Organismo Judicial a resolver la mora fiscal y judicial, tenga una solución y no se siga afectando a internos y laborantes que recurrieron a los tribunales de trabajo exigiendo el pago de su indemnización, si fueron removidos de los requisitos que señala el código de trabajo.
