Walter Juárez Estrada
La mayoría de los guatemaltecos de las áreas rural y urbana, que tiene salarios de hambre, la canasta básica y los costos de vida van en alza, debido a varios factores entre los que se destacan los precios de los combustibles, la energía eléctrica, costo de los fletes internacionales, el transporte urbano y extraurbano y la galopante inflación que ha provocado este gobierno debido a los préstamos y poca inversión y ejecución estatal; además se debe de sumar a ello la corrupción y a poca inversión social, que el estado hace sobre todo en la áreas rurales del país. El Banco de Guatemala, tuvo que modificar la taza de interés que supero este mes el 6%, lo que hace llamar la atención que puede venirse una desaceleración económico, lo que sin duda provocaría cambios en el tipo de cambio entre otras cosas.
El gobierno se ha centrado más en mantener una publicidad falsa, que en ver realmente las necesidades de la población, puesto que desde la pandemia muchas empresas y personas tuvieron que cerrar y con ello el aumento del desempleo, lo que hace exigirle a las autoridades tener una visión clara de la economía, y de la inversión del gasto público, así como tener un control efectivo en la especulación de precios en supermercados, tiendas de barrio, mercados cantonales, gasolineras, transporte público, e insumos. Muchos comerciantes y empresas se han aprovechado para elevar los precios de los artículos de consumo popular, el valor del pasaje en los buses extraurbanos, vehículos de carga pesada, con el pretexto estos últimos, que el alza en el combustible a nivel mundial, no les renta ninguna ganancia, lo que en la realidad es falaz, porque el gobierno en varias ocasiones ha otorgado subsidios millonarios para palear de alguna manera el alto costo de la vida.
Madres con justa razón se quejan que han tenido que reducir la dieta alimenticia de sus hijos en edad de crecimiento, porque su presupuesto de manutención, no les alcanza; amas de casa tienen que estirar su presupuesto para mantener a sus hijos y aseguran con mucha razón, que las tortillerías de barrio, han reducido el tamaño de ese importante articulo indispensable en la dieta diaria y las que se dedican a ese comercio venden cada tortilla a Q.50.00 lo que nunca se había visto en un país eminentemente agrícola como Guatemala, y aseguran las tortilleras que el elevado costo se debe a que el quintal del producto casi se ha duplicado.
No solo la variante precio de los carburantes ha elevado el coste de vida. En las áreas urbanas las pérdidas son millonarias por la furia de los fenómenos naturales que ha sepultado los productos que cosechan en sus lugares de origen y para transportarlos a la cabecera o a mercados capitalinos el costo de la transportación ha subido de manera exagerada, con la tolerancia de las autoridades que no ejercen un control efectivo y sancionen a los pilotos y propietarios de esas unidades.
Como supuesta razón para elevar el coste de vida se dice que la pandemia que sigue cobrando vidas, es otro factor que también ha afectado con un giro de más de 180 grados en el precio de todos los productos. Los supermercados dan cualquier razón para decir que todo ha subido, que la crisis que se vive les ha generado perdidas lo que es falaz, por lo que se exige al gobierno, especialmente a la DIACO y otras entidades que velan por ley por el alto coste de vida hacer inspecciones periódicas en los supermercados, tienda de barrio y mercados cantonales y sancionar con drasticidad a los acaparadores y los que han elevado sin justa razón los precios de consumo popular.
En las áreas rurales donde también se sufre con el elevado coste de vida, dicen los afectados que tienen que apretarse el cinturón y muchas veces solo hacen dos tiempos de comida, porque el salario que tienen es exiguo y por la pandemia han tenido que recurrir a préstamos con sus familiares y vecinos que les cobran un “ojo de la cara” de interés y que también se aprovechan de sus necesidades.
Es urgente que las autoridades como la DIACO y otras procedan a sancionar a los comerciantes inescrupulosos y den a conocer los nombres de los infractores y si hay violación a las ordenanzas, denunciar a los responsables en el Ministerio Público e imponerles sanciones elevadas y en el peor de los extremos cerrar los negocios, como un escarmiento que con las necesidades del pueblo no se juega.
