La conceptualización del Estado de Derecho, refiere al principio de primacía legal en que busca la gobernanza de sus habitantes y todas sus instituciones, por el cumplimiento de la Ley con respeto a los Derechos Humanos; en ese sentido lo que busca el Estado de Derecho es que al ser promulgadas la leyes se cumplan de manera igualitaria a toda la población y sus instituciones sean de carácter pública o privada, las que deben ser cumplidas con independencia por lo que el Estado debe de ser el primero en cumplir y hacer cumplir la ley de conformidad al derecho interno vigente y la que se debe de cumplir con la estructura fundamental del Estado y sus leyes, garantizando la libertad y el debido proceso; el respeto a la división de poderes y el respeto a la persona humana y la propiedad privada.
En síntesis, el Estado de Derecho busca dar certeza jurídica a los habitantes del Estado, y consecuentemente la gobernabilidad. Durante los últimos años el Estado de Derecho se ha acentuado una severa crisis. El actual gobierno, ha puesto en peligro la democracia que ha sido la columna vertebral en Guatemala y en el mundo, que obliga al pueblo a unirse y evitar que la dictadura de hecho o entre comías legal, y ha dado paso a la coaptación de las instituciones a gusto de los grupos de poder, en la cual desde el poder se maneje el Estado de Derecho a conveniencia de grupos políticos y del gobierno de turno, estando frente a una dictadura autocrática manipulando la ley.
Esta situación se agrava en la antesala de las elecciones generales debido a que no hay líderes que cumplan con las necesidades de la población por un lado y por el otro que el mismo Tribunal Supremo Electoral está coaptado por intereses obscuros y sectoriales, lo que hace que no haya confianza en el proceso electoral. Nosotros todos los buenos guatemaltecos, debemos ser conscientes de los errores que hemos venido cometiendo en los últimos años en las elecciones en los últimos años, los guatemaltecos hemos votado de manera conservadora dando mandatos públicos a malos presidentes, gobernantes y diputados, por lo que nuestra elección debe ser elegir de conformidad a nuestra honradez y principios y elegir a una persona decente y honrada que comulgue con pensamiento y visión de país, que genere de verdad un cambio en los social, económico y político.
La confianza de varios de los ciudadanos e inversionistas se ha perdido, los marcados desaciertos en los todos los organismos que conforman el Estado, ha dejado clara decepción y confianza en el Estado de Derecho. La prolongación de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, es ilegal y desgraciadamente lo hemos aceptado al no actuar el Ministerio Público por la irresponsabilidad del Congreso, que a sabiendas que sus integrantes pueden ser objeto de proceso penal por incumplimiento de deberes y no acatar la sentencia de la 7ª. Magistratura de la Corte de Constitucionalidad que ordenó que el voto para elegir a los citados magistrados, fuese de viva voz y razonado.
Para desgracia de todos ahora no podemos confiar ni en la Corte de Constitucionalidad, que se ha aliado a grupos políticos corruptos con sentencias que a la luz de eruditos y del mismo pueblo, devienen de violar la Carta Magna a resolver que “no ha lugar” a despojar de inmunidad a ciertos funcionarios que en clara violación a las leyes penales y a carta magna, han resuelto casos de alto impacto y eximirlos de responsabilidad, lo que es absurdo y político se quiere ver con objetividad los fallos.
Guatemala, ha sido vista a nivel internacional como una nación que ha retrocedido en los últimos años y como si fuera poco nos colocan con gobiernos corruptos. Jueces, fiscales y periodistas independientes, han sido blanco de imputaciones espurias, fiscales y operadores de justicia, se vieron forzados a salir del país y autoexiliarse por considerar que su vida estaba en peligro y que aquí la libertad y la independencia están en crisis.
El Ministerio Púbico está obligado a perseguir a los corruptos, los tribunales de toda índole a juzgar y condenar si así fuera el caso, pero desafortunadamente no es así. Quienes se han plegado al Ejecutivo con un presidente autoritario y cuasi dictador, exigen que la justicia sea pronta y cumplida y que no se favorezca a los corruptos.
