Walter Juárez Estrada
Entre las facultades que la Constitución Política otorga a los Órganos de Justicia, entre otras, está la de administrar la justicia y en el sentido amplio se entiende por administrar Justicia a “todo aquello que coadyuva al cumplimiento de la misión constitucional de los jueces y magistrados, desde los medios materiales hasta el personal auxiliar y colaborador, pasando por los procedimientos, previamente establecidos en la ley”.
El sistema político guatemalteco se concibe, o debe de concebirse como un proceso continuo de transacciones entre el gobierno y la sociedad civil. La sociedad generalmente en forma organizada plantea insumos que pueden tomar la forma de demandas, respecto de las cuales el gobierno está obligado a dar respuestas, y entre esas respuestas es la de administrar justicia.
El sistema político se fundamenta en un marco legal e institucional que le permita un adecuado funcionamiento del Estado y sus poderes. En Guatemala la Constitución actual busca o buscaba un desarrollo significativo en instituciones, regido por un marco de legalidad y autonomía, y como pilares fundamentales del sistema democrático, la Constitución ha creado dos instituciones importantes que son la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos; y sobre todo dicta la separación de los poderes del Estado, quienes son los que realmente detentan el poder, sin dejar otro aspecto importante del ordenamiento jurídico guatemalteco, que es la creación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyo objetivo principal es el de garantizar elecciones libres y populares.
Pero para desfortuna de los guatemaltecos, la actual Corte Suprema de Justicia que debe ser un poder independiente en sistema de pesos y contrapesos del Estado, se asoció con grupos corruptos, obedeciendo órdenes espurias y dejando de cumplir la misión de administrar justicia, dejando con ello que la corrupción se enquiste en todas las instituciones que son parte de los poderes del Estado, en clara violación a la Carta Magna y a un pueblo que está harto de la corrupción y de la falta de justicia. Los funcionarios que han pasado por el Estado, tampoco hacen mucho para cambiar la situación, ya que en su amplia mayoría tienen tacha y/o no están capacitados para ocupar puestos y se han puesto en primera fila para saquear al país, dejándolo en la banca rota, en extrema pobreza que han sido las causas de que millones de conciudadanos luchando contra la muerte se atrevan a llegar a los Estados Unidos, para socorrer a los familiares, que para sobrevivir se involucran en las maras.
Indigna y causa zozobra y preocupación el parcialismo en las resoluciones que dicta la Corte Suprema de Justicia y algunas de las Salas de las Cortes de Apelaciones, como ha quedado evidenciado en el caso del Insivumeh, donde 9 personas entre ellas la esposa, hijo, familiares cercanos y amigos del diputado Jorge García Silva, se entregaron a los tribunales para solventar su situación jurídica al incriminarles el Ministerio Público, la corrupción por varios millones, además de la participación de varios funcionarios de esa entidad, a quienes se les dictó prisión por los manejos millonarios ilegales de dicha entidad.
Es al diputado García Silva, a quien se le señala ser el líder de esa estructura, a quién queda claro el nivel de corrupción y beneficio que ha tenido en la misma, valiéndose de nuevo de las instituciones del Estado para llenar sus arcas. Pero resulta difícil creer que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no entraron a conocer la solicitud de antejuicio que sustanciaba un juez de primera instancia, con el frívolo argumento que la investigación era deficiente y no daba crédito para despiojar de su inmunidad al legislador, pese a que ya sus familiares se entregaron, y que los testimonios de los enjuiciados iban en esa dirección que amerita que se accione contra los magistrados que mañosamente para beneficiar al Congresista, no entraron a conocer hechos que son de dominio público y que obliga a separar y despojar de su inmunidad al diputado, y cuenta de cómo y cómo manejo los millones saquear del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, que nunca durante su existencia, había sido vinculada a hechos ilícitos y que su antiguo director Eddy Sánchez, le dio prestigio.
No hay que dejar en el tintero y en el olvido que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones son de factos al prolongar sus funciones más allá de 5 años, al no ser electos sus sustitutos porque el Congreso, otro ente corrupto se resiste a acatar la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó que la elección fuera de viva voz con todo razonado. O sea que, que la Corte Suprema de Justicia, se asocia con la corrupción para salvar a un diputado que en su accionar ha sido corrupto y que le ha valido del norte que sus familiares cercanos estén enjuiciados y que podrían ser condenados porque las pruebas están tasadas y no hay lugar a interpretaciones antojadizas para beneficiar a un representante del pueblo que por dignidad, si es que la tienen debe ponerse a la orden de la justicia.
