Fernando Mollinedo

mocajofer@gmail.com

Guatemalteco, Maestro de educación primaria, Profesor de segunda enseñanza, Periodista miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, realizó estudios de leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Historia en la Universidad Francisco Marroquín; columnista de Diario La Hora durante 26 años, aborda en sus temas aspectos históricos, educativos y de seguridad ciudadana. Su trabajo se distingue por manejar la palabra sencilla y coloquial, dando al lector la oportunidad de comprender de modo sencillo el universo que nos rodea. Analiza los difíciles problemas del país, con un criterio otorgado por su larga trayectoria.

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Fernando Mollinedo C.

Las normas sociales se cumplen porque nos pueden resultar útiles en el desempeño de nuestras actividades, también porque le tenemos miedo al castigo corporal o moral, sea éste jurídico o de orden religioso, y porque actuamos también por nuestra ética personal, es decir, los valores que nos inculcaron en el hogar.

La ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente dentro de un territorio; es de carácter coercitivo, lo que significa que, en caso de no ser cumplida, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución que no la cumpla.

Analizando la corrupción, vemos que los delincuentes en general ya no le tienen miedo al castigo previsto en la ley, pues ésta con sus falencias en la aportación de pruebas para la formulación de cargos, tráfico de influencias, retardos maliciosos, sobornos, amenazas, persecución política disfrazada de judicial y acciones legales espurias, permite que la dureza de la pena sea burlada, y su aplicación, en todo caso, sea leve, nula o intrascendente.

La tragedia sociopolítica que vivimos es producto del modo de vida en que la sociedad guatemalteca se ha desarrollado desde hace 497 años, es decir: pobreza moral de la clase económicamente pudiente, la burocracia estatal extorsionadora de la población, carencia de oportunidades para vivir con un mínimo de dignidad, uso del poder de las armas y su sometimiento a los intereses de la clase oligárquica, cuasi nulo acceso al estudio y la salud y el dogmatismo religioso.

La Historia de Guatemala no miente, lo que pasó, pasó, y al estar documentados los actos de los gobernantes, terratenientes, políticos y religiosos que determinaron diferentes circunstancias económicas y sociales en aprovechamiento personal, entendemos el actuar de sus descendientes en la vida de hoy: mantenimiento y sostenimiento del poder.

La burocracia estatal, desde que fue instaurada en la nueva cultura, ha sido manipulada en beneficio de las oligarquías nacionales y extranjeras; violando, omitiendo, burlando o ignorando la ley; es decir que, la cultura de irrespeto ha sido constante en todos los gobiernos.  En ese mismo orden de ideas, se trató de perfeccionarla, pero resultó que los mismos depredadores del Estado hicieron las leyes para que haciendo la ley, se hiciera la trampa y seguir con su incansable ambición de dinero y poder.

La ley ya no causa miedo, ni temor, mucho menos respeto, y por ello existe en un alto porcentaje de candidatos a los cargos de elección popular, el afán de obtener dinero fácil y realizar negocios al amparo del Estado, pues al ser electos o nombrados en los puestos administrativos de gobierno, inician las acciones de robo, hurto, apropiación indebida, desfalco, contratos legales pero inmorales a favor de empresas nacionales y extranjeras, fraude a la ley y otras conductas delictivas que podrán enumerarse.

¿Por qué lo hacen sin miedo al castigo? Porque fomentan sus relaciones con personas que, en determinado momento por trabajar en el sector justicia, les ayuda, a evadir la justicia por sus actos criminales.

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