Walter Juárez Estrada
Desde 1862, a partir de la división de ese territorio los pobladores de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán ambos municipios de Sololá, han venido teniendo una serie de conflictos territoriales, que han sido heredados a las administraciones gubernamentales por décadas y hasta siglos. Sobre el origen del conflicto se basa que en el año de 1871 Santa Catarina Ixtahuacán era un solo distrito en Sololá, un departamento con una población mayoritariamente k’iché del suroccidente guatemalteco. Y no fue sino hasta que pobladores liderados por Manuel Tzoc, que ahora se considera un héroe en la región, promovió la separación de las aldeas del oeste de Sololá. Y así surgió Nahualá. Dejando como problema la no señalización clara de los límites territoriales al momento de la separación de los municipios y una disputa por tierras comunales, las cuales siguen en boga hasta el día de hoy.
En la actualidad los pobladores de ambos municipios aseguran tener derechos sobre el territorio en disputa, y cabe indicar que dichas tierras son altamente cultivables, que se ubican entre los dos municipios, tienen una extensión aproximada de 7.72 kilómetros cuadrados, un área similar a la mitad del espacio que ocupa el Lago de Atitlán. En varias ocasiones líderes de las dos comunidades han firmado acuerdos prometiéndose a mantener una “convivencia pacífica” e intentar dialogar para la resolución del conflicto, pero la fecha no hay evidencia de que esos esfuerzos sean reales por parte de los pobladores. En los últimos dos años el Vicepresidente de la República Guillermo Castillo, había sido comisionado por el Presidente para darle seguimiento al conflicto ancestral y encontrarle una solución definitiva. Lo cierto es que desde hace 160 años todos los gobiernos han venido fracasando en la solución del conflicto incluido el Vicemandatario, al parecer la agenda de diálogo y el camino trazado ha sido insuficientes para encontrarle una solución al tema.
El conflicto ha tenido sus escalas, y el mismo ha dejado familias masacradas, desaparecidos, heridos, muertos, detenidos, instituciones sin poder resolver el conflicto, y funcionarios amenazados y desgastados. La forma de enfrentar el conflicto han fracaso, eso está a la vista, por lo que se hace necesario que el Estado de Guatemala, se haga presente, no de manera ocasional, sino de manera permanente. La ruta debe de cambiarse, primero de establecerse una zona de adyacencia, con el objeto de mantener una presencia permanente del Estado, de igualmente hacer un mapeo real de los limítrofes de ambos municipios, en los que se beneficien por igual a cada uno, tratando en la medida de lo posible ser equitativo en la división de este.
Un censo de las poblaciones que residen en dichos territorios, en donde los líderes comunitarios se comprometan a una mesa de diálogo permanente con una agenda de trabajo plausible y real, basado en los hechos históricos del conflicto. En la mesa claro esta debe estar todos los actores sociales de la comunidad, Gobernaciones, Ministerios de Gobernación, de Desarrollo, de Agricultura, de Economía y de Trabajo; además de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la escribanía de Gobierno entre otros; es el Estado quien debe de manera rápida encontrarle una solución al conflicto; es urgente la resolución del mismo, deben crearse fuentes de empleo, integración de ambas comunidades, y sobre desarrollo social en temas de educación y salud; la no presencia del Estado provoca incluso que grupos armados en contraposición al Estado son los que se encarguen de la seguridad, y del trasiego de armas y cultivo de drogas.
El último conflicto dejó como saldo personas heridas, patrullas destrozadas y 13 muertos; si el Estado no impone presencia en el lugar difícilmente se va a encontrar la solución, por ahora se decretó el Estado de Sitio por 30 días en lo que el conflicto se calma, solución que es temporal y no definitiva, el gobierno del Presiente Giammattei debe trazar la ruta urgente para encontrar la solución al conflicto.
