Walter Juárez Estrada
El Congreso de la República, por única vez y de carácter temporal, debe emitir una ley sobre que los fondos que ha recaudado el Organismo Judicial luego de las medidas restrictivas que decretó el Gobierno y estas pasen a ser un paliativo de las necesidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social producto de la pandemia del COVID SARS 2; las cantidades en multas productos de los arrestos por la desobediencia civil suman millones, lo que servirá para afrontar la crisis y ayudar con el ello las necesidades de todo el Sistema de Salud Pública que va desde el bajo salario de los médicos y auxiliares, el servicio hospitalario de los miles de infectados, compra de camas, insumos, medicinas, entre otros.
El presidente Giammattei, en Consejo de Ministros hubo de dictar disposiciones severas aprobadas por el Organismo Legislativo, que autorizó erogaciones millonarias para hacer frente a la epidemia. Dentro de las disposiciones, vedar la circulación de personas a determinadas horas, el cierre de negocios y la prohibición expresa que no se debería ingerir licor en la vía pública y en centros de recreación, miles no acataron la orden. La prohibición era rígida y que sancionaba con multas y prisión a los infractores. Sin embargo, en la capital y en el interior más de seis ciudadanos se expusieron a ser aprehendidos y fueron consignados a los tribunales para ser sancionados.
Para que los infractores recuperaran su libertad, al calificarse el hecho como falta y no delito que tiene sanciones de cárcel severas según el juzgador, a los detenidos, se les imponían una multa de Q500.00, de acuerdo con tipificación de la infracción. De esa cuenta el Organismo Judicial, ha sido el “más” beneficiado al incrementar sus recursos, cuya suma puede llegar a millones, que son parte ahora de los fondos privativos del ente judicial, que con frecuencia se creía que su presupuesto es bajo, que no puede instalar más tribunales, ni contratar personal, falso de toda falsedad.
En razón a esos fondos que no son parte del presupuesto anual que le asigna el Congreso a los organismos estatales, sería conveniente que el Legislativo, emita una ley, por ésta única vez, que esos millones sean trasladados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la creación de más hospitales temporales, mejorar el salario de los médicos y sus auxiliares, que acusan salarios bajos en virtud de la falta de insumos y otros medicamentos, pues su vida ha estado en constante peligro y varios de sus colegas han fallecidos al ser contaminados con el virus.
Aquí no se estaría violando la supuesta autonomía que por ley, tienen los organismos del Estado, es recomendable que el Congreso analice y haga las consultas jurídicas y técnicas con expertos y resolver la crisis hospitalaria, recursos que deben ser fiscalizados para evitar la corrupción, que por más que se diga que ha sido controlada las denuncias afloran y lo deleznable que la tolera el Presidente Giammattei.
Hasta ahora no se tiene una cifra exacta de cuál es el monto de esos fondos, pero consideramos que son millones porque las personas que son capturadas prefieren pagar la infracción, sin importar su monto, para evitar mezclarse con maras y corruptos que abundan en los 22 centros carcelarios.
