Walter Juárez Estrada
Los 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se autoampararon para no ser enjuiciados por el caso de comisiones paralelas 2020, habrían incurrido en varios ilícitos y deben ser denunciados penalmente por el Ministerio Público, por prevaricato, pues los actos contrarios a las normas son nulos de pleno derecho y además, se consideran fraude de ley, no podían ser “juez y parte”, hechos que no pueden quedar impunes y es obligación del ente investigador, presentar las apelaciones ante los órganos superiores, para que se abra la carpeta judicial y se declare que ha lugar a formación de causa contra los togados, que son una vergüenza nacional y que como parte de los organismos del Estado, deben dar el ejemplo que la justicia se imparte sin ver credo o condición.
Es a todas luces repudiable que la Corte Suprema de Justicia, sea una entidad coparticipe de la corrupción que por años ha minado los tres poderes que conforman el Estado de Guatemala, que debe velar por su independencia e imparcialidad y se presten a juegos sucios y queda una vez demostrado que al autoampararse, violaron la Constitución y la Ley del Organismo Judicial y es obligación del MP accionar para que los hechos que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en época del defenestrado Juan Francisco Sandoval Alfaro, no quede impune y los magistrados, recibir el castigo que señala la ley; no es razonable que jueces de alto perfil, sean cómplices directos de la corrupción, al quedar impune la comisión de varios ilícitos debidamente probados por la FECI sería una dura una realidad que en Guatemala, desgraciadamente todo sigue igual, a pesar de las severas críticas de altos funcionarios estadounidenses y las manifestaciones de colectivos sociales y tanques de pensamiento.
El proceso incoado contra esos magistrados tuvo su origen al influir en la elección de magistrados para la CSJ y salas de apelaciones, se asentó en la querella.
Los votos de esos magistrados fueron determinantes para lograr el número de electores y la elección de los futuros togados mediante la influencia del operador político Gustavo Alejos, los ex funcionarios de la Usac, Murhpy Paiz y Stuardo Gálvez, contra quienes pesa auto de prisión por esos ilícitos que son considerados fuera de la ley y que en su momento los ex dirigentes de la U tendrán que recibir castigo, pero se duda porque autoampararse los magistrados, han dado mal ejemplo a los estudiantes que cursan la carrera de abogacía.
Son jueces de la corrupción y la impunidad los magistrados de esas Cortes, indica la Constitución, ejercerán sus funciones por 5 años. El 13 de octubre del 2019 debieron de haber sido sustituidos, pero un amparo que otorgó la antigua CC prolongó y autorizó su mandato, donde los diputados del bloque oficialista del Congreso, han apadrinado esa permanencia al no proceder a la elección y desisten de acatar el fallo de la alta Corte, que ordenó que el voto fuera público y razonado y esa situación ha entrampado el evento y la prolongación de funciones. La realidad pintara otro color, si en Guatemala no hubiera corrupción y quienes deben dar el ejemplo de actuar conforme a derecho y la ley, son ahora los más corruptos.
