Walter Juárez Estrada
El comercio ilícito de ilegales ha sido un tema que tienen en agenda los gobiernos de los Estados Unidos, México y Guatemala. Más de 3 millones de guatemaltecos están radicados en el país norteño y se ven obligados a buscar fuentes de trabajo, al no encontrar aquí, medios de subsistencia, situación que es aprovechada por los que se dedican al comercio de ilegales que con narcos mexicanos, han buscado la formula de explotar a sus victimas, al exigirles sumas de dinero para poder ingresar a esa nación.
El gobierno Biden-Harris, tienen en primera línea terminar con ese inveterado problema de emigrantes ilegales. Conscientes de un proyecto que quieren impulsar para terminar con esa fuga ilegal de ciudadanos mexicanos ,guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y de otras naciones, se suscribió un convenio para ayudar a los ilegales y buscarles fuentes de trabajo, sin ser explotados por los que se dedican al comercio de seres humanos. Se ha firmado convenios de cooperación en auxilio de los que radican en los EE.UU.
En el convenio de entendimiento se han sumado el Banco de Guatemala, para tener el control de las divisas que ingresan al país y el Ministerio Publico, que con la Fiscalía Contra el Tráfico de Migrantes, se procederá en lo que corresponde al ente investigador, a establecer quiénes son los que explotan a los que ingresen de ilegales a territorio estadunidense y se proyecta reformas a fondo del Código Penal para imponer penas severas a los explotadores y confiscarles sus bienes y el dinero que reciben de paga de los “mojados.
Se conoce que en lo que va del año los guatemaltecos radicados en los Estados Unidos, han enviado a sus familiares más de l30 millones de dólares en divisas, por esa razón se ha considerado que la banca central, tenga un control estricto para comprobar si no es lavado de dinero, seria una acción que obliga a hacer una investigación a fondo para evitar ese comercio ilegal con el tráfico de personas.
Se espera que con esas líneas de control y entendimiento con el nuevo gobierno estadounidense, se controle la migración de ilegales, pues se ha comprobado que los coyotes y narcos mexicanos, al no lograr obtener dinero de manera fácil asesinan a sus victimas, como ocurrió en Tamaulipas, donde connacionales fueron incinerados.
Muchos connacionales han urgido al ministerio de Relaciones Exteriores, que los consulados aceleren la extensión de sus pasaportes para legalizar sus visas de trabajo y poder enviar remesas a sus familiares, al no tener un medio de identificación, se les dificulta hacer esas transacciones.
El Fiscal Stuardo Campos ha manifestado interés en la investigación de los que se dedican al comercio de personas, pues se ha sabido que la mayoría de guatemaltecos que están fincados en los Estados Unidos, fueron coaccionados para viajar a los Estados Unidos, haciendo préstamos e hipotecando sus terrenos muchas veces heredados de sus padres, por lo que han demandado al fiscal que proceda con apego a derecho a que los coyotes les devuelvan sus tierras y no lucren con la necesidad.
