Walter Juárez Estrada
La población debe unirse y oponerse a la inconstitucionalidad que promovieron en la Corte de Constitucionalidad, abogados que adversan la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, pieza vital después de la desaparecida CICIG, que meses atrás la fiscal general Consuelo Porras, trató de debilitarla, desacreditando al fiscal Juan Francisco Sandoval, que ha sido drástico en accionar en los tribunales contra la gavilla de corruptos que saquearon las arcas nacionales y actuar con impunidad.
A nadie extraña la acción de los abogados Otto Gómez García y Leonel Enrique Castañeda Tejada, que están en contra del acuerdo que emitió el MP para dar vida jurídica a la FECI y aducen como causal que esa unidad perdió materia al no continuar la CICIG, que por decisión del ex presidente Morales, diputado del Parlacen, invalidó y no prorrogó el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en represalia por las denuncias en su contra. Los interponentes han auxiliado en los tribunales a exfuncionarios y políticos a quienes se les ha imputado de actos ilícitos que penden de ser condenados en los tribunales, entre ellos la ex registradora y ex diputada del PP Anabella de León, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Estuardo Galdámez Juárez y otros.
Todo ciudadano tiene el derecho de accionar en los tribunales cuando sus derechos se vean consultados, por una resolución que no está encuadrada en ley, pero deben actuar con ética, decencia y no prestarse a juegos sucios para favorecer a sujetos que en su labor como funcionarios y políticos, han actuado para dañar al país, especialmente al guatemalteco de exiguos ingresos que se ve compelido a emigrar para poder vivir, a costa muchas veces de exponerse a la muerte, como ha ocurrido.
Se reconoce el trabajo del fiscal Sandoval, que ha recibido el reconocimiento de entidades extranjeras de prestigio, llegando el descaro de los que adversan el trabajo del jefe de la FECI de promover denuncias espurias y demandas en los tribunales que afortunadamente han sido desechadas por no tener asidero legal. Entre los procesos que ha tenido la valentía de presentar en los tribunales están entre otros: La Línea, Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Comisiones Paralelas 2020, Lavado y política, Manipulación de la justicia y ha logrado que los incriminados sean condenados y obligados a devolver al Estado, los bienes mal habidos.
Además tiene en curso 200 investigaciones más. La Corte de Constitucionalidad debe demostrar el rol de lo que está hecha y los nuevos magistrados actuar con transparencia. La fiscal General Porras y la Procuraduría General de la Nación, al correrles audiencia pronunciarse en contra de los recurrentes. Si la acción se declara que no ha lugar la CC debe imponerles la multa que regula las leyes. Si el órgano Constitucional supuestamente declararía que ha lugar a la inconstitucionalidad se vendría un vendaval de protestas que pondría en clara evidencia que la actual magistratura esta plegada a los corruptos y que le hace el juego al presidente Giammattei, que está en el ojo del huracán con el desorden con la aplicación de la vacuna.
